Combatir la corrupción y vencer a los corruptos

"Roban pero hacen", "hay que pagar peaje", "hay que asociarse a una empresa amiga del poder para que te adjudiquen una obra" y otros modismos para nombrar un grave delito: la corrupción. Lamentablemente, en Argentina es algo estructural, enquistado fundamentalmente en la articulación del sector público con el privado; y peor aún es un mal que parece naturalizado, aceptado, tolerable. Necesitamos un cambio cultural que genere un fuerte rechazo a los actos de corrupción y una pena ejemplificadora a los corruptos, porque el costo social de este delito se traduce en menos camas en los hospitales, menos aulas en las escuelas y menos desarrollo para la comunidad.
 
La conformación estatal de los últimos años muestra una participación gubernamental cada vez más fuerte en actividades reguladas por el propio Estado (petróleo, transporte, obra pública, etc). Sin embargo, los organismos de control correspondientes han ido en sentido contrario, debilitándose y hasta paralizándose en su funcionamiento.
 
Días atrás el Papa Francisco en una entrevista con el diario italiano Il Messaggero reivindicó la función política, no obstante decir que estaba ""devastada por la corrupción"... No digo que sean todos corruptos, pero creo que es difícil permanecer honestos en política". Es triste su afirmación y es triste también que en algunos casos se comprueba la veracidad de la misma. Pero difícil no es imposible. Creo firmemente en que se puede desarrollar la función pública con honestidad, austeridad y sin actos de corrupción.
 
Hay que enfrentar la corrupción con decisión política, con hechos e iniciativas. La justicia cumple un rol fundamental, debe investigar posibles hechos de corrupción y condenar con todo el rigor de la ley a aquellos que los cometan. A veces pareciera que las denuncias caen en saco roto o quedan cajoneadas a la espera del olvido. Queremos jueces independientes, imparciales y sobretodo rigurosos en el cumplimiento de la ley.
 
Un gobierno sea este u otro, por acción u omisión, siempre es responsable de los hechos de corrupción. Para garantizar una gestión eficiente, transparente y honesta en el manejo de los recursos, se requieren mecanismos preventivos, disuasorios y sancionatorios de la corrupción; imposibles de pensarlos sin la intervención oportuna e independiente de los organismos de control.
 
A la oficina Anticorrupción que fue creada con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y velar por la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se le conocen investigaciones significativas. Lo mismo que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que además se encuentra acéfala desde 2009 cuando renunció el actual diputado Manuel Garrido, justamente por las trabas que tenía para poder trabajar.
 
De la Sigen, control interno de la administración, sabemos poco y nada porque es inaccesible, de hecho ya no publica sus informes en internet. Qué decir de la Defensoría del Pueblo de la Nación que no tiene designado al Defensor desde 2009 y desde diciembre tampoco cuenta con los dos defensores adjuntos. Justamente un organismo cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses de los ciudadanos, tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos de la administración. Por eso presentamos un proyecto reclamando que se nombre al Defensor del Pueblo y se regularice inmediatamente la situación de este organismo creado por la Constitución Nacional.
 
Actualmente, la Auditoría General de la Nación hace un trabajo responsable, con informes técnicos fundamentados, que han servido para la toma de decisiones importantes como ciertas rescisiones de contratos o han intentado prevenir desastres como el de Once.
 
Lamentablemente, esos informes no son tenidos en cuenta, ya que la conformación de la AGN está distorsionada por una fuerte presencia oficialista, justamente la de un gobierno que poco ha hecho por trasparentar la gestión. Debemos otorgar a la AGN herramientas para una eficaz lucha contra la corrupción y fortalecer su independencia. En este sentido proponemos darle legitimación procesal activa, esto es la capacidad de querellar ante la justicia para empoderarla ante posibles abusos del gobierno.
 
Tenemos la responsabilidad de luchar contra la corrupción y vencer a los corruptos, de lo contrario solo conseguiremos descreimiento, falta de participación e impunidad. Venimos Trabajando en forma sostenida para romper esta inercia, solicitamos el nombramiento del Defensor del Pueblo; presentamos un proyecto de ley de acceso de información pública para garantizar el acceso a la misma del ciudadano y promovemos la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública, para investigar y denunciar todos los hechos de corrupción, sin limitación temporal.
 
Combatamos a la corrupción con todas las herramientas disponibles y de una vez por todas venzamos a los corruptos.
Por Julio Cobos
Diputado nacional UCR.