Estudian los lazos entre la dictadura militar y grupos económicos durante la privatización de YPF

"La entrega de YPF. Análisis del proceso de privatización de la empresa" es el título de la publicación en la que el investigador del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), desmenuza el proceso de privatización de la compañía más importante del país y su relación de los principales grupos económicos.
 
El libro, editado por Cara y Ceca y el Centro Cultural de la Cooperación y prologado por el economista Eduardo Basualdo, traza un recorrido histórico de la explotación de hidrocarburos en el país, al tiempo que analiza el modelo de regulación pública del sector que, hasta el año 89, tuvo como principal actor a YPF.
 
De esta manera, el autor analiza las pujas entre el sector "privatista", que históricamente promovió la explotación petrolera a partir de la inversión privada y el sector que propiciaba al Estado como el principal actor del sector, disputa que atravesó a la actividad desde el descubrimiento de petróleo en 1907 hasta la privatización de la empresa pública más de 80 años después.
 
El principal argumento del bloque privatista, "giraba en torno a que el Estado no podía lograr los niveles de "eficiencia" necesarios y que el predominio del mercado propiciaría un terreno fértil para que el sector privado pudiera desarrollarlo en su plena potencialidad".
 
El autor pone en evidencia cómo este argumento fue repetido décadas después, al momento de poner en marcha la privatización, y asegura que "la dicotomía "eficiencia privada/ineficiencia estatal" fue presentada en el debate sobre la fragmentación y privatización de la empresa tanto por el sistema política hegemónico como, paradójicamente, por aquellas fracciones del capital que internalizaban beneficios a través de YPF S.E. y se habían beneficiado de su descapitalización".
 
En esta descripción de la argumentación de quienes promovían la privatización radica una de las claves más importantes del exhaustivo trabajo: el papel de la última dictadura cívico-militar y los principales grupos económicos locales en la implementación de un nuevo patrón de acumulación de capital, el de la valorización financiera y ajuste estructural.
 
En diálogo con Télam, Barrera explicó que en su análisis desarrolla el papel que jugaron durante la dictadura militar, período en el que se expandieron exponencialmente en el mercado de hidrocarburos como contratistas de la estatal los grupos económicos nacionales, principalmente Pérez Companc, Astra, Bridas, Pluspetrol, Techint y CGC (Soldati), más allá de que algunas de ellas ya se habían incorporado al sector en la década previa.
 
El desembarco de estos grupos en la explotación de núcleos de alta rentabilidad, hasta entonces explotados por la petrolera estatal,se conoció como "privatización periférica" y le permitió a las empresas de "la patria contratista" acceder a un mercado hasta ese momento restringido a la explotación pública.
 
El autor detalla que el ingreso de este sector implicó la transferencia de áreas en calidad de contratos a los grupos económicos y de renta petrolera, en la medida en que se les pagaba precios que llegaron a ser cuatro veces superiores a los que le costaba extraer el recurso a YPF.
 
También implicó el aumento de las regalías que la compañía pública le pagaba a las provincias debido a que se empezó a considerar escalonadamente el precio internacional -no ya local- como referencia en un escenario de fuerte crecimiento del precio internacional, en paralelo a los bajos niveles de precios que retenía la empresa con la venta de los combustibles.
 
Esto, sumado a los crecientes costos financieros derivados del alto endeudamiento que experimentó YPF para conseguir las divisas requeridas para garantizar el patrón de acumulación basado en la "valorización financiera", terminó constituyéndose como una carga desequilibrante para la empresa.
 
Barrera señala que desde ese momento la posición de los grupos fue determinante para continuar operando el avance de la futura privatización, iniciada durante el gobierno de Raúl Alfonsín con la venta de los activos petroleros.
 
Sin embargo, estos grupo no poseían la capacidad financiera para una adquisición en bloque de la petrolera y dada la magnitud de la empresa, "el único modo para que el capital concentrado local participara del `negocio` era a partir de la fragmentación de la compañía", indica el investigador.
 
De esta manera se explica que, a pesar de los argumentos promovidos por los sectores de poder, "el deterioro de la empresa no se debió a la `ineficiencia`, sino que correspondió a la estructura de funcionamiento implementada por la dictadura cívico-militar y continuada por el radicalismo en la cual jugaron un rol clave los grupos económicos que ingresaron como contratistas y que luego adquirieron los activos estratégicos de la empresa en la fragmentación".
 
El proceso de desguace o "fragmentación" iniciado con el gobierno de Carlos Menem, le permitió al conglomerado empresarial la adquisición de los principales activos físicos de YPF (ductos, refinerías, terminales portuarias, etc.) de forma tal que pasaron a tener injerencia en el 55,1% de las 147 áreas concesionadas lo que provocó "un formidable proceso de integración vertical" que los colocó a la cabeza de las principales firmas del país.
 
En el último capítulo del libro, Barrera estudia la fase final de "la entrega de YPF" que fue la privatización de la empresa, prestando especial atención a los argumentos de quienes promovieron la desregulación del sector y la privatización de la empresa, en acuerdo con el sector externo.
 
De esta manera, realiza una síntesis conceptual de la posición del sector privatista en el marco de los debates desarrollados en las distintas sesiones del Congreso y el Senado de la Nación, proceso que culminó en 1999 cuando, tras dos ofertas de acciones, Repsol adquirió el 97,5% del paquete accionario de la firma.
 
¿Por qué es importante analizar la privatización de YPF ahora? Según Barrera, "es relevante porque, en gran medida, las consecuencias que estamos padeciendo ahora con el sector energético tuvieron su origen en las medidas tomadas en los primeros años del gobierno de Menem que configuraron el `modelo privatista de los hidrocarburos` y le otorgaron plena libertad al capital privado para decidir las cantidades y el destino de las inversiones".
 
En definitiva, este nuevo estudio es un aporte sustancial a los debates actuales sobre el sector energético que aportan a desandar los mitos creados en torno a la actuación del Estado como actor económico.