Venezuela debe más de 1.000 millones de dólares a navieras por demoras en retorno de contenedores

Debido a los problemas logísticos por el repunte de importaciones públicas, en los últimos seis años agencias y empresas estatales acumularon multas por tardarse meses o nunca devolver contenedores en un país donde operan firmas como la danesa Maersk o la alemana Hamburg Süd, indicaron fuentes de los dos principales puertos del país.

“El monto ya sobrepasó los 1.000 millones de dólares”, aseguró una fuente familiarizada con el cobro de recargos que aplicaron las líneas de transporte marítimo. “Lo grave es que dicen que no van a reconocer esa deuda”.

Las líneas de transporte marítimo permiten a Venezuela extenderse hasta 40 días en la devolución de los contenedores, cuando lo común en la industria a nivel global es entregarlos en menos de dos semanas, según fuentes del sector.

Pero a pesar de la mayor flexibilidad, y al hecho de que el Gobierno debe pagar 100 dólares por contenedor cada día que se retrasa en devolverlo, empresas estatales empezaron a usarlos como almacenes improvisados por estar sumidas en una desorganización logística, indicaron fuentes de la industria.

Entre ellas figuran la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la principal importadora de alimentos del gobierno, CASA, que hace un año ya les debían a las navieras unos 817 millones de dólares por los retrasos, de acuerdo con un comunicado de la Asociación Naviera de Venezuela.

Estos retrasos y los riesgos asociados al despacho de mercancía a Venezuela también provocaron un aumento de las tarifas de las líneas navieras en el último año: hoy cobran por enviar a puertos venezolanos hasta tres veces más que a otros países de Sudamérica, según un tarifario visto por Reuters.

El incremento es doloroso para el Gobierno de Venezuela, que en medio de una profunda recesión económica lucha por garantizar el suministro de bienes básicos en los desprovistos estantes.

El desplome en el precio internacional del crudo ha desangrado las finanzas del país, un productor casi exclusivo de petróleo que importa desde granos hasta carne, y que además enfrenta multimillonarios pagos de deuda externa este año.

“El negocio naviero en Venezuela está en crisis”, dijo Andrew van den Born, asesor de riesgo de la firma aseguradora Willis Towers Watson. “Pero es sólo un reflejo de los problemas más amplios de la economía venezolana”.

Las autoridades portuarias y los ministerios de Alimentación, de Transporte Acuático, de Comunicación y PDVSA no respondieron a varios pedidos de comentarios de Reuters.

Un diputado del partido de Gobierno que desde el 2011 hace un seguimiento al uso de los recursos públicos, Ramón Lobo, dijo desconocer la deuda del país con las navieras, pero aseguró que se está intentando mejorar la capacidad logística del Estado.

“Se ha hecho una flexibilización de los procesos administrativos que entorpecían o retrasaban las importaciones y exportaciones, con la finalidad de acortar los tiempos”, dijo.

Un gran almacén

En el desorden de las agencias estatales para movilizar la carga, algunos contenedores han terminado en confines tan extraños como fincas privadas o plantas petroquímicas.

Por ejemplo, un contenedor con el sello de la firma Hamburg Süd se divisaba a principios de marzo dentro de una planta de fertilizantes de PDVSA, sin que quedara clara la función que cumple. La petrolera no respondió a un pedido de información de Reuters.

Un operador del sector portuario local que pidió no revelar su identidad, dijo haber visitado una finca privada en el estado Portuguesa, en el centro del país, en busca de 12 contenedores de un cliente y se topó con más de 100 equipos en el lugar.

En Puerto Cabello, el principal terminal marítimo de Venezuela a orillas del Caribe, el Gobierno optó en 2015 por transferir los contenedores que llegan con mercancía de la aduana a otras instalaciones cercanas para facilitar la distribución de bienes, según operadores del puerto.

“La ciudad de Puerto Cabello se volvió un gran almacén”, afirmó Deyalitza Aray, una diputada de oposición que vive allí y ha visto cómo se multiplican zonas con contenedores apilados.

En un recorrido que hizo Reuters en marzo por Puerto Cabello fue posible ver acumulados contenedores, que valen entre 20.000 y 40.000 dólares cada uno, en un polvoriento lote con caminos de tierra donde se construye un nuevo terminal estatal de contenedores.

Pero no es que ninguno de ellos se devuelva. Muchos han regresado a las navieras, pero con moras, aseguraron tres fuentes que operan en Puerto Cabello.

Hamburg Süd declinó hacer comentarios y un portavoz de la firma Maersk, la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo, dijo en una entrevista que la empresa encuentra cada vez más difícil lidiar con “los problemas de pago” en Venezuela, sin dar detalles sobre la deuda por demoras.

A pesar de todo, las firmas globales no tienen previsto, por ahora, reclamar ante cortes internacionales los pagos pendientes por demoras, confirmaron las fuentes del sector a Reuters.

Venezuela podría exigir el pago de impuestos, porque las leyes locales establecen que las navieras deben pagarlos si los contenedores permanecen en tierras venezolanas más de 90 días, sea o no culpa de ellas.

Gobierno importador

Las navieras han tenido que lidiar cada vez más con entes públicos al transportar carga a Venezuela.

Bajo el gobierno del fallecido ex presidente Hugo Chávez, el boom petrolero facilitó un salto de importaciones a tasas de cambio preferenciales con el que se impulsó el consumo.

Pero el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, recortó en un 60 por ciento el financiamiento a las importaciones privadas y terminó dominando el año pasado las compras en el extranjero, con el 52,3 por ciento del total, según datos oficiales.

Y todo a pesar de que las autoridades se han visto desde hace años sobrepasadas por los desafíos logísticos.

Diputados opositores, que ahora controlan el parlamento, solicitaron este mes investigar a ex funcionarios del Gobierno por presunta corrupción en la importación de alimentos bajo sospecha de que privilegiaron las compras en el exterior a las compras a empresas privadas del país.

Ya en el 2008 la Contraloría de Venezuela detectó que firmas estatales manejaban ineficientemente la mercancía que traían al país.

En el 2010, el máximo tribunal de Venezuela ordenó investigar el hallazgo de alimentos caducados importados por una filial de PDVSA. En los contenedores se encontraron entre 130.000 y 170.000 toneladas de alimentos descompuestos.

La Contraloría cuestionó también hace dos años el trabajo de las autoridades portuarias, de acuerdo con documentos públicos, después de determinar que en Puerto Cabello demoraron hasta seis años en movilizar mercancía en manos del Estado.

“Nos volvimos cazadores de contenedores con mercancía dañada”, apuntó la diputada Aray, que recibe denuncias desde 2009 de vecinos de la comunidad cuando ven a las autoridades descargarlos en terrenos públicos.