El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, asistirá este martes a la instalación formal en Caracas de una "comisión de la verdad" que investigará hechos ocurridos en los últimos años, principalmente durante las protestas opositoras de 2014, anunció el presidente Nicolás Maduro.
El también exmandatario colombiano se sumará a dicha comisión, aunque el rol que cumplirá la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no fue especificado por Maduro, que hizo el anuncio durante un acto en conmemoración del golpe de Estado de abril de 2002 que sacó brevemente del poder a su predecesor y mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
"El objetivo central es la verdad, el reconocimiento de las víctimas, la reparación de las víctimas, la garantía de la no repetición y ni de golpes de Estados ni de bombazos ni de atentados, la garantía de justicia", dijo Maduro en un acto transmitido en señal obligatoria de radio y televisión.
Al grupo investigador, que estará encabezado por el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, se sumarán, dijo Maduro, cuatro voceros que fueron delegados por la oposición venezolana.
La comisión fue propuesta por el mandatario venezolano a principios del año como un pedido de este para que el Parlamento pusiera freno al proyecto de amnistía para los opositores presos por distintos delitos.
La ley fue aprobada por el Legislativo casi tres meses después, con el voto de los opositores que controlan las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Sin embargo, el jefe de Estado venezolano aseguró que "jamás" será sancionada, por ser "inconstitucional" y promover la "impunidad".
"Nosotros tenemos derecho a tener justicia, no a la impunidad oligarca que tuvimos siempre donde si el rico mataba el rico no pagaba", dijo el presidente venezolano.
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional exoneraría de responsabilidad a decenas de opositores, la mayoría de ellos acusados de la violencia de las protestas antigubernamentales de 2014, a quienes Maduro considera responsables de las 43 muertes registradas en esos hechos.
Esta norma, que forma parte de la agenda de los opositores desde la campaña electoral para las legislativas, beneficiaría, entre otros, al encarcelado opositor Leopoldo López, que lideró una de las marchas de aquellas protestas, y al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de "conspirar" contra el Gobierno.
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