ALBA rechaza "valoraciones" externas sobre decisiones judiciales en Venezuela

"Los países del ALBA-TCP no pueden aceptar actitudes que busquen interferir o constituir injerencia en los asuntos internos de un Estado, por parte de otro u otros Estados. Expresan por ello su preocupación por valoraciones respecto de decisiones judiciales adoptadas (...) en Venezuela", dice el comunicado.

En el escrito, fechado el 14 de septiembre, se defienden las decisiones judiciales de Venezuela "para enfrentar actos de naturaleza terrorista para la tutela efectiva de los derechos humanos de las víctimas".

El mecanismo señala que "determinados países que se han pronunciado sobre este hecho evidencian el doble rasero que atenta contra el orden jurídico internacional y favorece las condiciones políticas para derrocar gobiernos constitucionales a fin de apropiarse de sus recursos naturales estratégicos".

Los países de la ALBA, cierra el escrito, "alertan a la opinión pública sobre la campaña de desprestigio y agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, por lo que estarán vigilantes ante las amenazas a su independencia y soberanía".

El comunicado de la ALBA es difundido días después de que el dirigente opositor venezolano Leopoldo López fuera condenado a casi 14 años de cárcel, fallo que ha generado críticas y señalamientos al sistema de Justicia de Venezuela por parte de personalidades de otros países.

López fue sentenciado el jueves pasado a cerca de 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos al final de una marcha convocada entre otros por él, el 12 de febrero de 2014.

La sentencia ha levantado las críticas y la solidaridad de varios Gobiernos, expresidentes, organizaciones no gubernamentales y artistas hacia el calificado por la oposición venezolana como "preso político" del Gobierno venezolano.

Este lunes, el Gobierno venezolano acusó al de Chile de haber hecho "juicios de carácter injerencista" en un comunicado alusivo al proceso contra López y le instó a evitar "inmiscuirse en los asuntos internos" de Venezuela.

En respuesta, Chile manifestó, a través de su cancillería, que "bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país".

La ALBA está integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Surinam, Guyana y Haití, este último como miembro observador.