Agravar

Como les contara la semana pasada, la Argentina está en medio de un grave descontrol fiscal, financiado con emisión monetaria desde el Banco Central.
 
Asimismo,  sin acceso al crédito externo, al menos en un monto relevante, el gobierno se ve obligado a racionar las reservas, reduciendo pagos de importaciones, y afectando el nivel de actividad. Esta relación negativa entre muchos pesos emitidos y pocos dólares en las reservas, más tasas de interés que no compensan las expectativas de devaluación e inflación, incrementó la brecha cambiaria, retroalimentando las expectativas de devaluación y de aumento de precios. Para frenarlas, paradójicamente, por un lado la AFIP autorizó, por unos días, la venta de más "dólares ahorro"  subsidiados, para bajarle la demanda al mercado informal, mientras el Banco Central obliga a los bancos a seguir desdolarizando su patrimonio, para aumentar la oferta de bonos en dólares y bajar artificialmente, y también por un ratito, el precio de los otros tipos de dólar que forman parte de la fauna de monedas verdes que existen hoy en el país: el dólar bolsa (compra venta de títulos públicos) y el dólar transferencia (compra venta de títulos o acciones, en dónde el comprador termina con dólares en Nueva York y el vendedor con pesos en la Argentina).
 
A este panorama, de por sí complicado, hay que sumarle un escenario internacional relativamente desfavorable para los próximos meses, con una soja más barata, un Brasil con menos crecimiento y un dólar más fuerte respecto del Euro y las monedas regionales.
 
Para enfrentar esta coyuntura compleja, el gobierno insiste con su rancio discurso antimercado.
 
Para ello, está logrando que senadores y diputados oficialistas (a no olvidarlos) avancen con  la reposición de una vieja ley de abastecimiento de dudosa constitucionalidad. (Lo que antes era el "agio y la especulación" ahora es "encanutar").
 
Y con una poco efectiva ley de pago soberano que, en el mejor de los casos, aumentará el número de "buitres", con aquéllos fondos imposibilitados de aceptar otra jurisdicción que no sea la de los tribunales de Nueva York, y en el peor, dará la señal clara de que el gobierno argentino no piensa negociar, ni aún después de fin de año, con quienes no entraron al canje, ampliando la extensión y magnitud del default.
 
Pero aun cuando esta estrategia de negociación fuera exitosa, difícilmente se conseguiría dinero fresco en cantidad suficiente para evitar los problemas arriba explicados. (Sin considerar que se seguirán acumulando fallos adversos, como el del CIADI  de esta semana).
 
Es más, con las previsiones de emisión de pesos para los próximos meses, faltarán cada vez más dólares y las presiones sobre brecha y precios serán crecientes.
 
¿Y entonces?. 
 
Entonces, mientras la Presidenta controla la dinámica política, la dinámica económica, que no controla, y que, por lo mencionado, puede seguir empeorando, definirá los próximos meses de su mandato.
 
 Continuar como hasta ahora no podrá.
 
El dilema "agravar la situación o cambiar" reemplazará más temprano que tarde a "Patria o buitres", "Patria o empresarios", o al más general de "Patria o complots".
 
Por ahora, claramente, está eligiendo "agravar".
 
Sin embargo, insisto, la dinámica económica resulta incompatible con esa decisión. Veremos.
 
Unas últimas líneas para la "boutade" de la semana.
 
Ingresos Brutos es un mal impuesto. Es malo porque se paga en cascada a lo largo de toda la cadena de valor de un bien o servicio, discriminando en contra de las pequeñas empresas e incentivando una integración artificial de las grandes empresas.
 
Cualquier reforma impositiva seria debería contemplar reemplazarlo por otro tipo de impuesto a las ventas, con otro diseño.
 
Pero dicho esto, que la Presidenta de un gobierno que bate récords de presión impositiva.
 
Que le cobra un impuesto a la inflación a las empresas y a la clase media (por no permitir el ajuste por inflación ni en los balances, ni en  el mínimo no imponible) y que le cobra a los pobres el peor impuesto -la inflación directamente- se queje de un impuesto a los ingresos brutos al servicio de Netflix y similares, que consume una pequeña minoría de altos ingresos (incluida ella), la verdad, con todo respeto, suena a "too much".