Cinco ex jueces serán juzgados por cómplices en crímenes de la dictadura

   Entre ellos se encuentran el septuagenario Otilio Romano, quien fue detenido en agosto del año pasado tras haberse fugado a Chile en 2011, y Luis Francisco Miret, amigo y compañero de carrera del anterior, quien en marzo del año 2011 fue destituido por un jurado de enjuiciamiento por "mal desempeño en sus funciones y presunta comisión de delitos".
 
   Tanto Miret como Romano fueron fiscales y jueces -se alternaban los cargos por períodos- en la última dictadura militar, y pese a que organismos de Derechos Humanos denunciaron su complicidad con el accionar represivo, continuaron ejerciendo sus cargos públicos en la democracia.
 
   Sin embargo, la justifica federal los empezó a investigar: juntó pruebas, testimonios y documentos que los responsabilizó en la legitimación judicial del horror. A partir del 17 de febrero, serán juzgados por delitos de Lesa Humanidad, según informa la agencia nacional de noticias jurídicas Infojus.
 
   Miret y Romano formaban parte de la cúpula de la justicia que legitimó la cadena del horror. El procedimiento se repetía y estaba tan aceitado como un mecanismo de relojería.
 
   Así lo explicó Pablo Salinas, abogado querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que fue uno de los pioneros en denunciarlos: "A cada secuestro, a cada desaparición, los familiares presentaban un hábeas corpus. ¿Qué se hacía con esa presentación judicial? Simplemente, los fiscales y los jueces, en vez de investigar, los archivaban y miraban para otro lado. Sabían muy bien lo que estaba pasando. Y, al mismo tiempo, le daban valor a los testimonios que se tomaban bajo tortura en los centros clandestinos. De esa forma, avalaban las detenciones ilegales y las torturas", enfatizó.
 
   Se trata de dos de los cinco juristas que estarán sentados en el banquillo de acusados. Ellos son los más mediáticos, los que ostentaron liderazgo y jerarquía de una corporación tan impune como poderosa.
 
   Además de Miret y Romano, los tribunales federales de Mendoza imputaron a otros tres ex jueces: Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976.
 
   El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.
 
   El denominado "juicio a jueces" comenzará a partir del 17 de febrero después de dos años de procesamiento y más de dos décadas de investigación.
 
   Pero no sólo habrá jueces imputados. Será un megajuicio -se unificaron varias causas, el más importante en la historia de Mendoza- con 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial, y cerca de 200 víctimas.
 
   Se calcula, además, que habrá más de 200 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en el 'D2', por donde pasaron la mayor parte de las víctimas, pero también por el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.
 
   En total, siete juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar comenzarán tras la feria judicial en Capital Federal, Rosario, Mendoza, Tucumán, San Juan y Jujuy.
 
   Así, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal fijó para el 13 de febrero el inicio de un nuevo juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención 'El Vesubio'. En este proceso serán juzgados cinco represores por delitos cometidos en perjuicio de 204 víctimas.
 
   A su vez, el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad santafesina de Rosario fijó para el 14 de febrero el inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 43 víctimas, en el que serán juzgados nueve represores, informa la agencia pública argentina Télam.
 
   En tanto, en Mendoza, unos 42 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, serán juzgados a partir del 17 de febrero.
 
   Y el mismo día, pero en Tucumán, comenzará el juicio por el asesinato del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Osvaldo De Benedetti.
 
   Por otra parte, en marzo comenzará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, proceso que investigará el período que abarca desde octubre de 1974, fecha en que se sancionó la Ley 20.840 de Actividades Subversivas hasta el golpe de Estado.
 
   Y también ese mismo mes comenzará el juicio por delitos cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino. Este proceso comprende los casos de ochenta víctimas, investigados en ocho expedientes conexos que serán tratados en conjunto.
 
   En el juicio estarán sentados en el banquillo de los acusados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, otros dos militares y varios policías, entre ellos el comisario Edgardo Mastandrea, quien también está procesado junto a otros siete represores en una causa elevada a juicio oral, sobre secuestros, torturas y ejecuciones en la ciudad de Junín.
 
   Finalmente, el 3 de abril comenzará en Jujuy el juicio correspondiente a la causa 'Marengo Horacio Domingo y otros por Privación ilegítima de la libertad y torturas', relacionada con el traslado, el 7 de octubre de 1976, de presos políticos alojados en el Penal de Gorriti al aeropuerto de El Cadillal y conducidos en un avión Hércules a la Unidad penal 9 de La Plata, quienes durante el viaje fueron torturados, golpeados, amenazados y humillados por los represores.
 
   Por otra parte, aún sin fechas definidas, la justicia chaqueña tiene previsto realizar este año tres juicios y entre ellos se juzgará por primera vez en la provincia el abuso sexual de una presa política y la connivencia de funcionarios judiciales federales con la represión