Para Repsol Argentina es la "excepción" en Iberoamérica en seguridad jurídica...

   Hernández ha participado en una mesa redonda sobre 'Seguridad jurídica e inversión internacional' en el I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica que se está celebrando en Girona, y ha calificado la experiencia en Argentina de "decepcionante".
 
   Aún así, ha matizado que la inversión en los países de América Latina es "muy satisfactoria", ya que la mayoría de países han hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad jurídica; de hecho, ha reconocido que la seguridad jurídica es la columna vertebral de cualquier decisión de Repsol para las inversiones y el inicio de negocios internacionales.
 
   "Si no tenemos confianza de que podremos recuperar la inversión de manera razonable, la decisión será no invertir", ha manifestado Hernández; y es que aunque ha reconocido que el marco jurídico no puede ser petrificado, esperan que el país prevea mecanismos para que se puedan respetar los derechos adquiridos y que se contemple la posibilidad de una alternativa, como una compensación.
 
   "No se pueden cambiar las reglas del partido a mitad de juego; las inversiones internacionales tienen que poder ser compensadas por la confianza y el esfuerzo puesto en un determinado país", ha expuesto.
 
   En el caso de Argentina, Hernández ha manifestado que el Gobierno del país esgrimió la política de autoabastecimiento y la utilidad pública del suministro como motivo para la expropiación; "tenemos claro que eso no se tiene en pie, porque si el objetivo es abastecer el país, dichas medidas tienen que adoptarse en todos los agentes del sector y solamente se aplicó a Repsol".
 
   "No habíamos tenido ningún problema con las concesiones hasta febrero de 2012 cuando empieza el periodo de hostigamiento", ha añadido, a la vez que ha insistido en que las imputaciones que le hace Argentina a la compañía por falta de inversión no son ciertas.
 
Indemnización justa
   La mesa redonda ha contado también con la participación del abogado Miquel Roca Junyent, del presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andess de Chile, Guillermo Pickering; del director de la secretaría general de Telefónica, Juan Ramón Balcells; del director del régimen jurídico de los negocios en América de Iberdrola, Rafael Gil, y del abogado responsable de proyectos de desarrollo corporativo en Iberoamérica de Abertis, Julián Fernández Rodés.
 
   Gil también ha hecho referencia a las expropiaciones y ha afirmado que nadie puede discutir el derecho de un Estado a expropiar, pero teniendo en cuenta que "tiene que haber una indemnización justa, pronta y adecuada".
 
   En este sentido también se ha pronunciado el abogado de Abertis: "Antes de hacer una inversión miramos que los países tengan unas reglas similares a las nuestras como procesos de licitación transparentes o fiscalidad razonable".
 
   Y es que en su opinión, "hay que vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo", lo que significa que tiene que existir un principio que contemple que una empresa pueda ser compensada justamente y no expropiada por motivos que no sean de interés público.