La última muestra de autoritarismo

La imponente marcha popular del jueves pasado ha puesto en cruda evidencia que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es "para todos y todas". Buena parte de la ciudadanía siente que es ignorada, que sus reclamos no son siquiera considerados por un Poder Ejecutivo que impone sus políticas sin admitir discusión alguna, ni atender puntos de vista diferentes.
 
No es fácil desentrañar consignas en movilizaciones espontáneas y tan extendidas, pero parece claro que existe preocupación por una corrupción estatal tan intolerable como impune, por la ineficacia en prevenir tragedias como la de Once o las recientes inundaciones, por una inflación que horada cada vez más una estancada e imprevisible situación económica, pero sobre todo por un modo de gobernar que lejos de enfrentar estas cuestiones sólo se preocupa en acrecentar su poder hasta el punto de intentar suprimir todo límite constitucional.
 
El paquete de proyectos para "democratizar" la justicia ha sido el último eslabón en este derrotero de fuerte autoritarismo. Está fuera de toda duda razonable que las intenciones nada tienen que ver con las que se declaman a través de una retórica tan falsa como hueca. La partidización en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura terminará con la independencia judicial, presupuesto básico de la imparcialidad, y sujetará a la justicia a las mayorías electorales, consagrando un principio mayoritario absoluto, que aniquilará el control de constitucionalidad y pondrá en riesgo la tutela de los derechos individuales por parte de los jueces. La creación de Cámaras de Casación como tribunales intermedios apunta a licuar el poder de la Corte Suprema, pero acarreará importantes demoras en el trámite de los expedientes en detrimento de sectores vulnerables, como los jubilados o los trabajadores. Por último, pese a algunos cambios en el Senado, el proyecto respecto de medidas cautelares debilitan un instrumento formidable para la tutela judicial efectiva de los derechos humanos frente a los abusos estatales.
 
Una multitudinaria ciudadanía activa que se moviliza en defensa de sus ideas fortifica sin dudas el sistema democrático, es un saludable signo de vigor y esperanza. Pero a la vez plantea un enorme desafío para la política. Esas voces están exigiendo ser escuchadas, lo que constituye un serio llamado de atención para las fuerzas no oficialistas y, especialmente, para el gobierno. Para las primeras, la necesidad de cubrir el vacío de representación que denota una expresión callejera tan intensa. Para el gobierno, la necesidad de que comprenda que el camino democrático que emprendimos los argentinos hace treinta años, excluye al poder absoluto, a la voz única, a la visión de una facción. No entenderlo a tiempo sólo conducirá a la segmentación, a la polarización de la sociedad, a las antinomias irreductibles que han marcado trágicamente la historia argentina y han impedido la construcción de un destino colectivo, que incluya a todos en paz y tolerancia.