Durante su intervención, López Dobarro destacó que Galicia es “referente en España y Europa” en materia de políticas de retorno, gracias a la Estrategia Galicia Retorna, que permitió que más de 30.000 gallegos y gallegas regresasen desde 2018; y a la coordinación transversal entre empleo, educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Con todo, recordó que “las comunidades autónomas no pueden continuar solas ante un reto que es de Estado”.
El delegado advirtió del “colapso sin precedentes” que viven muchos consulados desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, con la acumulación de más de un millón de expedientes de nacionalidad y esperas de hasta cinco años. En este sentido, defendió una ley específica y permanente de nacionalidad, desvinculada de normas coyunturales, que acerque seguridad jurídica y evite el uso político de este derecho.
El representante de la Xunta insistió en que Galicia demuestra cada año que el retorno funciona: en 2023 regresaron 8.500 gallegos y gallegas, mayoritariamente menores de 45 años, gracias a programas pioneros como las Oficinas de Asesoramiento al Retorno, las ayudas al emprendimiento, las becas BEME o el programa Retorna Cualifica Emprego.
Finalmente, López Dobarro llamó a un “compromiso real y sostenido” del Estado con la diáspora: “Los gallegos del exterior no piden privilegios, piden respeto. Y ese respeto pasa por ofrecerles una administración del siglo XXI, coordinada, ágil y preparada. Galicia seguirá cumpliendo, pero el Estado debe hacer también su parte”.
Por último, destacó el rol de los CREs y la red de Centros Gallegos.
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