Inundaciones: ¿Qué Estado?

Las inundaciones trágicas que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y La Plata pusieron en evidencia, más allá de las discusiones propias de la emergencia, un debate ideológico sobre el rol del Estado, no sólo en torno a su capacidad de gestión sino, principalmente, en relación con su vínculo con la política.
 
Las inundaciones inéditas y trágicas de estos días tocaron a todos. Lo que parecía un problema que podía circunscribirse a cuestiones de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, terminó mostrando carencias estatales mucho más vastas. Los días de solidaridad, la energía puesta en las primeras horas de la emergencia (que muestran valores de nuestra sociedad muchas veces menospreciados) irán mutando en una preocupación de más largo alcance.
 
Por estos días parece imponerse en algunos discursos una idea que puede ser entendible y sana en la emergencia, pero negativa para pensar las falencias que subyacen a las inundaciones, que es una supuesta necesidad de correr a la política. O, al menos, que ésta, lejos de la exacerbación de las diferencias ideológicas, se piense como un lugar sin "peleas", como mera "gestión" entendiendo a esta palabra como un sinónimo de "neutral" o "aséptico".
 
Por el contrario, lo que puede vislumbrarse es una lupa aún más importante sobre el rol Estado. Sus falencias, sus potencialidades, sus modos de recaudación y de gasto, etc. ¿Alguien puede suponer que ese debate no es un debate ideológico?
 
En todo caso, lo que parece estar pasando es un mejoramiento, una multiplicación de lo que los argentinos venimos discutiendo desde el 2001. En aquellas jornadas incendiadas, lo que fue traducido bajo el slogan "que se vayan todos", tenía un sustrato mucho más profundo y que explica que pudiera iniciarse un recorrido como el que produjo el kirchnerismo un par de años después. En el 2001 la sociedad argentina decidió que los costos del neoliberalismo iban más allá de lo tolerable y, de una forma brumosa, recuperó un sentido de lo público. Un horizonte de reconstrucción frente a la calamidad social que había generado las políticas de destrucción estatal.
 
Las décadas de retroceso no se miden solo en cantidades contables de las áreas donde el Estado se había retirado (las privatizaciones), sino en un mecanismo más complejo donde se habían dinamitado las representaciones políticas (que se habían vuelto un negocio de emprendimiento personal antes que proyectos colectivos).
 
El ciclo que comenzó en el 2003 parte de ese punto, lo que vuelve comprensible que haya sido la reconstrucción del poder presidencial la palanca de apoyo para construir un proyecto nuevo. Ese primer objetivo que Néstor Kirchner logró rápidamente, con medidas audaces que poco antes parecían quiméricas, fue puesto al servicio de reconstruir la maquinaria de la economía. El país se volvió, después de mucho tiempo, viable. No era poco.
 
A lo largo de estos años, esa reconstrucción fue haciendo crecer las atribuciones estatales, generando un gobierno sobre la economía. Ese gobierno siempre es parcial y disputado, pero existe. Hasta ahora, el caso paradigmático de ese intento sigue siendo el conflicto por la renta agropecuaria que tuvo lugar durante el 2008, donde como nunca se transparentó la puja de intereses entre los agentes económicos privados y el Estado. El resultado en favor de los primeros fue parcial: el gobierno siguió en pie, así como el cobro de las retenciones.
 
La consolidación política del kirchnerismo permitió seguir con un rumbo donde el Estado acumuló más poder. El traspaso de las AFJP al sector público, o la recuperación de YPF (la empresa más grande de la Argentina) son los ejemplos más importantes. Mayores recursos y mayores márgenes de acción permitieron, entre otras cosas, una capacidad de cobertura social enorme.
 
¿Alcanza? La respuesta es obvia, más en estos días. No alcanza. Las inundaciones en Buenos Aires y La Plata muestran hasta qué punto el tejido urbano y social tiene todavía la herencia de la destrucción previa. Es algo tan obvio que está en boca de todos. Lo que no todos dicen es también evidente, pero tiene consecuencias políticas e ideológicas más complejas. Un buen Estado sale caro. Muy caro. Y un Estado que además de calmar las llagas pueda construir infraestructuras decentes (desde trenes seguros y modernos hasta un sistema de emergencias nacional a la altura de las actuales catástrofes naturales) sale muchísimo más.
 
Más allá de una cuestión de léxicos, la discusión sobre las retenciones a la soja de 2008 es pariente de una discusión sobre el sistema impositivo. Los tiempos y las formas en que esa reforma debe darse son temas complejos, pero el planteo conceptual es simple: difícilmente la Argentina tendrá un Estado de calidad mientras los sectores más pudientes no se hagan cargo de pagar la cuenta. En nuestro país la carga tributaria ronda el 33% del PBI, un nivel alto para América Latina, pero muy lejos del 46% de Suecia o el 42% de Francia. A eso hay que agregarle una mayor justicia en la composición interna de los impuestos en estos países.
 
Pero no se trata solo de cantidades, sino de calidades. Construir un Estado eficiente, aun teniendo los recursos, no es sencillo. Ahí aparece una demanda social que explotó en estos días trágicos pero probablemente continúe: la mayor presencia del Estado durante estos años hace que la demanda sobre él aumente. La tragedia de Once o las últimas inundaciones muestran que ahí donde el Estado no aparece -o falla- el Estado es responsable. Responsable de no estar, de no haber llegado a ese territorio.
 
En ese sentido también habrá que discutir algunos números. En la vorágine de las explicaciones exprés posteriores al diluvio, el macrismo repitió como un mantra que habían desplegado en forma inmediata a 600 personas para asistir a los damnificados por el temporal. Comparados con los 90.000 empleados que surgen del censo hecho por el propio el gobierno de la Ciudad, la cifra está lejos de impresionar.
 
Todo esto hace suponer que el debate en los próximos años no será si el Estado debe tener un lugar relevante, si no las formas de encarar un desarrollo de su infraestructura y un salto organizativo de su burocracia. La notable presencia de la militancia social y política de la juventud también invita a pensar seriamente la articulación entre las estructuras estatales con las organizaciones sociales, políticas y comunitarias. Militancia y Estado no son la misma cosa, tienen alcances y responsabilidades distintas, pero quién puede sostener que una articulación entre ambos es negativa. Un sentido público de la palabra "política" tiene que necesariamente pensarlos como sanamente complementarios.
 
Por todo esto, las discusiones sobre el "tamaño" de Estado y los discursos que plantean que su acción debe limitarse a unas pocas esferas esenciales (la famosa trilogía de "seguridad, educación y salud") suenan hoy perimidas. Ese es, tal vez, el logro político y cultural más importante de estos años. Todos piden más y mejor Estado. Y eso es pedir más y mejor política.
 
El kirchnerismo puso al Estado en el centro de la escena -desde la reconstrucción del poder presidencial hasta la intervención en la dinámica económica, pasando por la cobertura social para millones de argentinos- y es ahí, en su efectividad concreta para resolver problemas y  avanzar en su transformación, donde seguramente se jugará su continuidad como proyecto político.