Alak espera poder "terminar con el negocio de las cautelares"

Al exponer ante un nuevo plenario de comisiones del Senado, al que tampoco asistió la oposición al igual que en la audiencia del miércoles Julio Alak consideró que las críticas están vinculadas a que "algunos quieren tener un Estado indefenso pero no ante el individuo si no ante las corporaciones".
 
Para el ministro, la presentación de la cautelares "se ha convertido en un negocio de las corporaciones y en un negocio de la inmoralidad".
 
"Los grupos económicos están intentando impedir la sanción de esta norma que regula las cautelares", declaró, y aseguró que "es un logro" de estos sectores que "no exista procedimiento como existe en Europa como la sanción de un Código en lo Contencioso Administrativo".
 
El ministro dijo que le resultaba "sorprendente" que algunos sectores de la oposición rechacen el proyecto, y advirtió que la Nación está "atrasada" respecto a otras provincias y a otros países que tienen normas similares respecto a las cautelares.
 
Según el funcionario, el proyecto oficial "no tiene como objetivo disminuir las posibilidades y derechos de los litigantes sino lograr equilibrio entre derecho de litigante y el legítimo derecho de defensa del Estado argentino".
 
Alak también desmintió que la iniciativa afecte derechos de los jubilados en los juicios contra el Estado, y consideró que las demoras en las demandas "se deben a diferentes interpretaciones sobre una misma norma".
 
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, justificó por su parte la regulación de las cautelares al señalar que "se trata de una iniciativa amplia que le pone luz a los mecanismos opacos pero que no cercena los derechos esenciales de los ciudadanos".
 
Álvarez opinó que la cautelar contra el Estado presentada por el grupo Clarín en el marco de la ley de medios "limitó la voluntad popular para democratizar los medios de comunicación, y no la limito un año, si no, varios".
 
El funcionario citó fallos de la Corte Suprema de Justicia que sostienen que una cautelar "no puede durar eternamente, si no que tiene que tener un plazo razonable".
 
Consideró que se trata de una norma "que no tiene agujeros porque intercepta lo más moderno del derecho argentino" y mencionó que países como España o México poseen medidas similares.
 
Para Álvarez, "las cautelares contra una ley del Congreso implican la suspensión de un interés social".
 
Por su parte, el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, evaluó que la iniciativa "plantea el legítimo derecho del Estado de ser escuchado" y advirtió que "no es lo mismo la relación ciudadano-Estado que la relación sectores económicos poderosos con el Estado".
 
"En esta última relación, el Estado es la parte más débil porque los servicios jurídicos del Estado son bastante endebles", explicó, y añadió que "las estructuras del Estado en general son lentas y burocráticas".
 
Pichetto afirmó que lo que busca el proyecto de regulación de cautelares es lograr "un equilibrio para que el Estado sea escuchado", en alusión al plazo de respuesta de cinco días que el Estado tiene para responder ante la presentación de una medida cautelar.