Desborde autoritario

Hace muy poco tiempo fue el turno de la Ciudad de Buenos Aires. Poco antes lo había sido de la Provincia de Buenos Aires. Luego, Córdoba, a la que obsesivamente se le niegan recursos adeudados -no tiene la suerte de los bonistas, que para la presidenta cobrarán, aunque no quieran-; y ahora, Santa Fe.
 
En un exabrupto impropio de un dirigente político democrático, el presidente del peronismo santafecino José Luis Freyre acaba de declarar, según La Nación del sábado, que están dadas las condiciones para una intervención federal de Santa Fe, ya que, según su juicio, no hay control político sobre la policía.
 
Procedimientos impactantes, es cierto, han sido llevado adelante en estos últimos días sobre jefes policiales santafecinos. Pero también lo es que ningún obstáculo fue interpuesto por el gobierno de la provincia para frenar las investigaciones en curso, ni la acción de la justicia.
 
Si la sola presencia de hechos delictivos por funcionarios de una jurisdicción fueran razón suficiente para interrumpir los mandatos constitucionales, es preferible no imaginar lo que debiera ocurrir en la administración nacional y de la propia provincia de Buenos Aires, sobre cuya competencia recae el exponencial crecimiento del narcotráfico durante el período kirchnerista.
 
La Argentina, en efecto, ha sufrido en estos años la instalación de las redes que hasta hace una década sólo conocíamos por las noticias internacionales. Jefes de esas redes de narcotráfico viven en urbanizaciones más que lujosas, y se han producido hechos crecientemente violentos -como el asesinato de las tres personas en General Rodríguez o las muertes atribuidas a "ajustes de cuentas" que desaparecen de las noticias el mismo día que toman estado público-.
 
Mientras tanto, son cada vez más frecuentes los episodios de secuestro de grandes cantidades de narcóticos, la mayoría de las veces por la información llegada de fuerzas policiales del exterior que es imposible ignorar, u obviar . El solo recuerdo del avión de Medical Jet, conducido por Juliá y Miret,  secuestrado al llegar a Barajas procedente de Argentina con 900 kilogramos de cocaína, sin conocimiento alguno por parte de las autoridades policiales argentinas, ha sido sólo la "punta del iceberg" de un entramado de complicidades que ha impregnado a autoridades políticas, judiciales y policiales de jurisdicción nacional.
 
Ninguna jurisdicción provincial debe ser rozada en su autonomía. Esta ofensiva del kirchnerismo sobre Santa Fe, iniciada por la desafortunada expresión del diputado Larroque al calificar a la fuerza política gobernante en ese distrito como "narco-socialismo", y continuada por el nada ingenuo pronunciamiento nada menos que del presidente del justicialismo provincial indican que es urgente coordinar una acción conjunta para frenar el desvío autoritario del gobierno, por encima de "límites" divisionistas que lo favorecen, o de visiones ideológicas atrasadas más de medio siglo.
 
Unidos, por la democracia. Juntos, por la Constitución. Aunque parezca un eco de hace un siglo y medio, más que nunca hay que unir las diversidades de la democracia por un país "representativo, republicano y federal". Una vez derrotada la soberbia autoritaria, habrá horizonte para volver a poner la atención en los enfoques diferentes. Hacerlo antes es suicida.