La jueza pidió informes a España
Servini de Cubría avanza en la investigación sobre los crímenes cometidos en la época franquista
martes 27 de diciembre de 2011, 15:08h
Una juez federal argentina pidió a España a aportar
información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la
dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes
cometidos durante el régimen de Francisco Franco.
El exhorto de la juez federal María Servini de Cubría
solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de
seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de
1977.
El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la
Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de
fallecimiento.
Asimismo, la juez pidió información sobre personas
desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños
apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer
trabajo esclavo, según las mismas fuentes.
La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que
investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de
familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se
pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.
Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo
con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son
investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la
parte querellante.
En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula
la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.
Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos
Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los
cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de
Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García,
asesinado en 1937.
Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril
de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio
de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia
que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de
víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en
Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades
gallegas durante los últimos cuatro años
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