El presidente de la Asociación de Magistrados,
Luis María
Cabral, aseguró que al Gobierno "
le molesta que los jueces cumplan con
su tarea".
El pasado jueves el juez
Claudio Bonadío allanó la sede en
Buenos Aires de la empresa Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto
Calafate (en la sureña provincia de Santa Cruz), de la cual la presidenta
argentina es accionista.
El allanamiento se realizó a raíz de una denuncia presentada
por la legisladora opositora
Margarita Stolbizer, quien acusa a
Fernández y a
otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia,
Julio Alak, de
cometer presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y
de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un
establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate, podría
ser un alojamiento
"fantasma" usado en su momento por el matrimonio
Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario
Lázaro Baez,
investigado por la Justicia.
Este viernes, el jefe de Gabinete argentino,
Jorge
Capitanich, dijo en rueda de prensa que el allanamiento
"significa un
ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del
Poder Judicial, un ataque sistemático al Gobierno nacional, por denuncias
falsas sin ningún tipo de entidad".
El presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo que
"
si Bonadío actúa como lo ha hecho es porque también hay un fiscal que le
pide que lo haga".
"
Deberían preocuparse porque los jueces tengan todos
los elementos de la fuerza pública para cumplir su cometido", sostuvo
Cabral, en declaraciones a radio Mitre.
Por su parte,
Gabriela Vázquez, titular del Consejo de la Magistratura,
órgano a cargo del nombramiento y la destitución de jueces, opinó que
"lo
que dijo el jefe de Gabinete es una barbaridad".
"Viniendo de un funcionario de tan alta jerarquía, es
una presión muy fuerte a la independencia del Poder Judicial", dijo
Vázquez en declaraciones al diario La Nación.
En tanto, Margarita Stolbizer insistió en pedir que se
investigue
"qué hay atrás del ocultamiento" de datos sobre los
balances contables de Hotesur.
En declaraciones a radio Mitre, la diputada sugirió que la
empresa podría ser utilizada "
para encubrir el dinero que proviene de
otros delitos y eso es lavado de dinero".
"Puede ser plata de la corrupción", advirtió la
legisladora opositora.
A la polémica se sumó además el militante kirchnerista
Luis D'elía, quien a través de su cuenta en la red social Twitter pidió la
destitución del juez del caso y dijo "
no al golpe de la mafia
judicial".
"Ante el golpe destituyente, simbólicamente debemos
dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadío, en la vereda de (los tribunales
de) Comodoro Py", instó Luis D?'Elía a través de su cuenta de Twitter, lo
que desató fuertes reacciones en contra a través de esa red social.
Si (
No(
