La resolución del juicio de los fondos buire con Argentina podría extenderse hasta junio de 2016

  
Así lo ve un grupo de abogados especializados en cuestiones financieras que coincidió en que existen distintos escenarios para el desenlace del "juicio del siglo" entre el país y los fondos buitre ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que abarcan un plazo que va desde junio próximo hasta junio de 2016.
 
El caso que motivó el debate -y mantiene en vilo a la comunidad internacional- que también se conoce como el juicio `Pari Passu` (tratamiento igualitario), ya que la justicia neoyorquina sostiene  que Argentina violó el tratamiento igualitario entre los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda, y entre quienes no lo hicieron.
 
Entre los escenarios presentados se planteó la posibilidad de que, luego de haber revisado los pedidos de ambas partes y los documentos "amigos", la Corte Suprema de EEUU rechace tomar el caso argentino, el mes próximo, antes del verano boreal, con lo cual terminaría el juicio; o bien podría ser en septiembre próximo, ya que estas son las dos fechas que habitualmente elige el máximo tribunal para pronunciarse sobre los casos a considerar.
 
Otro escenario, en este caso si la Corte Suprema llegara a tomar el caso, sostiene que los tiempos se estirarían al menos hasta fines de 2015 e incluso hasta junio de 2016, debido a que existe la posibilidad de que devuelva el caso a la Cámara de Nueva York, para reconsiderar el fallo.
 
El abogado Marco Schnabl, socio del buffet neoyorquino Skadden, puso el acento en el juicio paralelo de Discovery (descubrimiento de activos), caso que ya fue tomado por la Corte Suprema, y que podría tener desenlace a fines de junio próximo, y donde Argentina utilizó una parte de su argumento similar al del "juicio del siglo", en el que aseguró que el juez Thomas Griesa (en la foto) se extralimitó en la jurisdicción.
 
Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne y Kelly, comparó los casos de quiebra de la Argentina y la ciudad de Detroit, en donde admitió la mayor predisposición de los jueces estadounidenses de darle un tratamiento más favorable a los municipios de Estados Unidos, que a gobiernos extranjeros.
 
En este sentido, Detroit, explicó Etchebarne, se acogió al Capitulo 9 de quiebras para municipios, que no tienen los países soberanos.
 
No obstante, comparó que la Argentina finalmente "hizo lo mismo que Detroit, ofreció una solución para todos por igual y no retener deuda con holdouts", tras haber derogado la ley cerrojo y mantener abierto (en suspenso) un tercer canje para el 7% de bonistas que decidieron quedar fuera de la reestructuración encarada en 2005 y 2010.
 
Etchebarne abogó por un nuevo mecanismo de solución de quiebras soberanas, y no descartó que ese mecanismo pueda servirle a la Argentina.
 
Consideró que a la defensa argentina quizá "le faltó explicar" a la justicia de EEUU que la reestructuración y la Ley Cerrojo (muy cuestionada por las cortes) fue algo equivalente al capítulo 9 de EEUU, donde a la larga, "se impone una enmienda basadas en contratos de política pública donde en ultima instancia beneficien a deudores y acreedores", dijo el especialista ante la mirada atenta de abogados del estudio Cleary, que representa a la Argentina en el juicio y que se encontraban entre los asistentes.
 
Jim Donnell, socio del estudio estadounidense Winston & Strawn, se refirió al "reconocimiento de los procesos de quiebra extranjeros" en Estados Unidos, y alertó sobre el alcance "muy amplio" de los tribunales norteamericanos, que hasta podrían ordenarle a bancos de EEUU no proveer fondos o financimiento a un país extranjero involucrado en un pleito de default.
 
Donnell explicó que eso sucedió en el caso de la compañía rusa petrolera Yukos, durante una disputa legal con el gobierno de Vladimir Putin, a raíz de la quiebra de la firma.
 
Recordó que Yukos inició un juicio de quiebra en Estados Unidos contra Putin, con sólo una cuenta bancaria, y sin tener activos en Estados Unidos.
 
La empresa logró que un juez de Houston ordenara a bancos privados frenar la oferta de financiación al comprador de la compañía que había sido designada por Rusia, tras hacerce cargo de los bienes de la petrolera, agregó el abogado.
 
Esto captó la atención de los asistentes al evento, ya que uno de los puntos de la defensa argentina es precisamente que la orden del juez Griesa, avalada luego por la Cámara de Apelaciones, carece de jurisdicción.
 
Se basan en que la medida busca remediar el default involucrando a bancos extranjeros para que paguen primero a los eventuales ganadores del juicio el 100% del reclamo (por 1.330 millones de dólares en el caso particular), antes que a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010, quienes aceptaron un proceso de reestructuración de deuda con quita.
 
Los expertos se preocuparon por el impacto que podría tener un fallo negativo para el país, dado que podría generar un aluvión de demandas por un monto global estimando entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
 
El anfitrión del evento fue Federico Tomasevich, CEO de Puente, y estuvieron presentes entre los expositores Gabriel Cohen (Grupo Pampa); Raul Francos (Aeropuertos Argentina 2000): Julio Dreizzen (IMPSA); Miguel Kiguel (Econviews); Hugo Brunzone (Estudio Brouchou Fernandez) y Justo Segura (Cabanellas); entre otros especialistas.