Una excajera de Mahía dice no haber recibido el ingreso en metálico por las viviendas de Méndez y García Galván

La excajera de Mahía Verónica Rodríguez Casal ha advertido este jmueves de que  en su momento llegó a recibir dos apuntes contables por la venta de dos inmuebles en Mugardos y Villagarcía de Arosa supuestamente adquiridos, respectivamente, por el alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez, y el ex delegado de la Junta en dicha provincia, Jesús García Galván, dos de los seis imputados en el 'Caso Arroyo', pero ha asegurado no haber sido testigo del ingreso en metálico del importe de tales operaciones.

El testimonio de quien entre 2003 y 2008 estuvo al frente de la 'Caja Verónica'--una de las tres abiertas con distintos nombres--en oficinas de Mahía en Santiago de Compostela ha permitido a las acusaciones pública y popular reforzar su tesis de que el regidor de Arroyo, entonces del PP y hoy independiente, y García Galván, recientemente dimitido de sus cargos de diputado provincial y concejal, recibieron gratuitamente sendos inmuebles por los supuestos favores urbanísticos otorgados a la promotora gallega en su época de expansión en la provincia vallisoletana.

La testigo, en el tercer día de juicio en la Audiencia de Valladolid contra los dos aludidos, tres responsables de Mahía, con su presidente a la cabeza, Ramón Pérez Casal, y el arquitecto municipal de Arroyo, ha declarado por videoconferencia desde Santiago dando claras muestras de nerviosismo, lo que no le ha impedido reconocer que los apuntes contables que reflejaban 159.000 y 84.742 euros por la venta de un chalé en Mugardos y un piso en Villagarcía de Arosa, adquiridos por García Galván y Méndez, respectivamente, no se tradujeron en el posterior ingreso del dinero en efectivo.

Verónica Rodríguez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que la caja que ella gestionaba recibía el dinero procedente de la venta de pisos y chalés y ha precisado que los apuntes de las dos cantidades objeto de investigación tuvo que haberlos recibido del propio presidente, Ramón López Casal, o de otros dos responsables de la empresa, con la particularidad de que al hacer arqueo sabía que no tenía que contabilizarlos como ingreso a fin no tener un descuadre.

Pero lo que ha levantado el murmullo de los presentes en la sala es la afirmación de la extrabajadora relativa a que periódicamente recibía el encargo de sus superiores de confeccionar sobres con dinero e iniciales de distintas personas, sin que, sin embargo, llegara a precisar los destinatarios de tales cantidades.

"Yo no sé si era dinero B ni si quienes lo recibían eran políticos de Valladolid, Valencia, Salamanca...", ha respondido la excajera a los acusadores público y popular, si bien más tarde, en el turno de las preguntas de las defensas, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de que los sobres no fueran mordidas para comprar voluntades de políticos, como así denunció este miércoles exsocio fundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, sino en realidad préstamos concedidos a distintos socios de la promotora gallega.

Columpios regalados
La jornada de este jueves ha contado igualmente con el testimonio, entre otros, del secretario municipal de Arroyo, Carlos Rodríguez Fermoso, quien, amén de avalar los distintos informes emitidos por el arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, también imputado en la causa, ha asegurado que la rapidez con que éste resolvía las peticiones de Mahía era idéntica con otras promotoras.

"En el Ayuntamiento de Arroyo teníamos una celeridad extrema a la hora de tramitar", se ha felicitado el secretario, quien, no obstante, ha reconocido que no medió expediente alguno en el caso de unos viejos columpios de propiedad municipal que fueron regalados al municipio gallego de As Nogais, lugar de procedencia del alcalde.

Al respecto, el secretario ha justificado tal circunstancia en que los columpios ya no eran de propiedad municipal tras la "desafectación tácita" de los mismos, ya que "habían pasado a titularidad de la empresa adjudicataria del proyecto de mejora de la zona acometido en 2006 y lo más previsible es que acabaran en un vertedero".

Otro de los testigos, Enrique Alonso, amigo de García Galván, se ha limitado a asegurar que en agosto de 2007 su empresa adquirió a éste, por 190.000 euros, el polémico chalé de Mugardos, tras subrogarse en la hipoteca de 150.000 euros que el exdelegado de la Junta tenía y abonarle el resto con cuatro pagarés, a la vez que ha negado que dicha operación se realizara raíz de que saltara a los medios de comunicación la existencia del inmueble.

Un futbolín de regalo

Lo más llamativo de su testimonio se ha producido cuando, ante una pregunta preparada del letrado Javier Gómez de Liaño, defensor del regidor de Arroyo, Enrique Alonso ha asegurado que la primera vez que conoció a Méndez fue hace años en una cena celebrada en un chalé del abogado de la acusación popular en la urbanización Panorama, en Simancas, a cuyos postres varios trabajadores de Recreativos Dema--es la mercantil de la que es socio el alcalde--se personaron en la casa y obsequiaron a su propietario con un futbolín.

El Ministerio Fiscal, con carácter provisional, solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados, mientras que la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa, solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.