miércoles 25 de marzo de 2015, 08:53h
Los avances en materia de Derechos Humanos, fruto de la
lucha de los organismos y de la decisión política de Néstor y Cristina, se han
consolidado como una política de Estado, pero más importante aún, se hicieron
carne en el pueblo argentino. 116 nietos recuperados, 570 genocidas condenados
y más de 40 centros clandestinos transformados en Espacios para la Memoria, son
el resultado palpable de este proceso iniciado en el año 2003.
Existe un consenso amplio sobre la necesidad de juzgar a los
responsables del terrorismo de Estado y Argentina se transformó en ejemplo y
referencia internacional en el tema. Los juicios a los represores son
observados con atención en diversos lugares del mundo. Pero sin embargo, en el
último tiempo, integrantes del Poder Judicial volvieron a mostrar limitaciones
o complicidades para con los sectores de poder que intentan detener la llegada
de la Justicia a los responsables civiles de la última dictadura
cívico-militar.
Las decisiones judiciales que beneficiaron recientemente al
empresario Carlos Blaquier; al director del diario La Nueva Provincia, Vicente
Massot; y a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, investigados por la apropiación
de Papel Prensa, no pueden interpretarse como casualidades sino como un intento
de restauración de la impunidad que caracterizó la década del 90. Estos hechos
encendieron las luces de alerta de la secretaría de Derechos Humanos, de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y de los organismos que
históricamente reclamaron justicia.
Es necesario señalar también que estas noticias se conocen
en forma simultánea al nacimiento de una expresión política de la derecha que
bajo la forma de una nueva Alianza reúne a los sectores conservadores del
empresariado, los medios de comunicación hegemónicos y dirigentes de la
oposición. El acuerdo sellado por Mauricio Macri y Ernesto Sanz no puede ser
más gráfico en sus intenciones: retroceso en el proceso de industrialización,
aumento del endeudamiento externo, ajuste económico y reducción del presupuesto
para políticas de inclusión social. Además de un esperable cambio de rumbo en
el proceso integración regional y la claudicación en la recuperada soberanía
nacional. Y, desde ya, vuelta atrás en las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia.
Esto cristaliza un escenario en que por un lado está la
Alianza de estos sectores (judiciales, financieros, políticos) y por otro el
proyecto iniciado por Néstor Kirchner, que hoy conduce Cristina Fernández de
Kirchner.
Este proyecto se afianza en la historia de las luchas
populares, se remonta a los Patriotas de la Revolución de Mayo y los héroes de
la Independencia, al coraje del Gaucho Rivero, los movimientos populares del
siglo XX, la Resistencia Peronista y de los organismos de Derechos Humanos. Banderas
de soberanía, igualdad y libertad que el pueblo argentino volvió a levantar a
partir del 25 de mayo de 2003.
Todos los que nos sentimos parte de esa herencia histórica
de luchas marchamos este 24 de marzo. Somos muchos y cada año somos más.
Para seguir construyendo un país en el que los números
cierren pero con la gente adentro, para seguir afianzando este proceso de
inclusión social que ya es irreversible, hoy nos vemos en la Plaza.