La presidenta imputada penalmente

La presidenta, el Canciller, un Diputado Nacional del riñón del régimen, un ex Sub Secretario de Estado y un ciudadano argentino allegado al kirchnerismo y al régimen iraní han sido imputados de los delitos que integraron la acusación del Fiscal Alberto Nisman.
 
El primer análisis de procedencia, realizado por el fiscal, no ha desestimado la denuncia sin más trámite, sino que ha ordenado la realización de medidas probatorias y considerado "imputados" a los denunciados, lo que implicará la necesidad de designar abogados defensores y su participación en la instrucción de la causa.
 
La primera consecuencia de este paso procesal es que los hechos denunciados, "prima facie", se consideran delitos -ya que de no ser así, la denuncia debió ser desestimada "in limine", lo que no ocurrió-. La instrucción determinará si las pruebas son suficiente para acreditarlos.
 
La segunda, es que los imputados deberán estar a derecho, ser citados oportunamente a indagatoria, designar abogados defensores y participar como partes en un proceso penal.
 
La magnitud de los delitos podría ser discutida de tratarse de un ciudadano común. Sin embargo, la posición institucional de los imputados los agrava a un extremo que carece de antecedentes en la historia política argentina. Tal vez sólo la causa por el cheque de la "Cruzada de la Solidaridad", que se instruyera alguna vez contra María Estela Martínez de Perón pueda ser considerado un antecedente, pero la gravedad en este caso es sustancialmente mayor. El delito que se imputa no consiste en una corruptela administrativa, y ni siquiera uno de los conocidos hechos de megacorrupción, sino del encubrimiento de un delito de lesa humanidad -así lo ha declarado la justicia- que costó la vida a ochenta y cinco personas, más la del Fiscal que lo investigaba.
 
Triste destino el de la democracia argentina. Una década de provocadoras decisiones inconstitucionales, de indiferencia ante los límites que las leyes imponen al poder, de actuar como si gobernar significara detentar la suma del poder público para caprichos, ocurrencias y dislates, llegarán a su fin por la sana reacción de la última trinchera de la constitución republicana: el poder judicial.
 
El cinismo con que se pretende enfrentar el proceso desde el gobierno parece seguir insistiendo en la misma matriz. La declaración del Secretario General de la imputada en el sentido de que una investigación judicial significaría un alzamiento contra el gobierno peca del mismo defecto genético del kirchnerismo, que a esta altura poco contacto mantiene con la visión de un peronismo democrático integrado al sistema institucional, y que ha preferido retroceder hacia los peores defectos históricos de esa fuerza política, que varias generaciones de peronistas de la democracia trataron de erradicar, lamentablemente sin lograrlo hasta hoy.
 
El kirchnerismo está ya mostrando su esencia desnuda. Es triste por el país, porque esa simbiosis con la verticalidad acrítica -tal vez, el mayor vicio del peronismo histórico- está llevando al país a una tensión sólo compensada por la enorme madurez ciudadana, producto de su dramática experiencia en las últimas décadas.
 
Hoy, la mayoría ciudadana respalda la acción de la justicia. Por la Constitución, por la convivencia, por el derecho a la vida, por un país decente. Mirando el vaso "medio lleno", es quizás la única herencia -como reacción ante lo intolerable- que una década de decadencia dejará como mensaje a la historia grande de la Argentina.
 
Ricardo Lafferriere