Argentina "replantea" su relación con Uruguay debido al conflicto por la papelera

El Gobierno de Uruguay autorizó a la planta finlandesa de producción de celulosa UPM (exBotnia), ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a incrementar su producción hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas al año.


La Administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández, reaccionó con rapidez a la noticia y, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo llegar a Uruguay su malestar y su intención de recurrir "en forma inmediata" a la CIJ, con sede en La Haya, su decisión unilateral.


El Gobierno argentino considera lo ocurrido "un gesto inamistoso" del Ejecutivo del mandatario uruguayo, José Mujica, "en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay", que marca la frontera entre ambos países.


"Esta nueva medida confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno", señaló la Cancillería argentina en una carta remitida al ministerio de Exteriores de Uruguay.


En la misiva, dirigida al canciller uruguayo, Luis Almagro, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, reclama que "el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto".


"El Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes", indicó Timerman.


"Por último, le comunico que el Gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales", enfatizó el ministro de Exteriores.


El pasado mes de octubre, el presidente Mujica anunció la autorización para el incremento de producción de la planta de celulosa en 100.000 toneladas y hasta 1,2 millones de toneladas al año, bajo la condición de implementar nuevas medidas de protección medioambiental.


La decisión motivó gran malestar en el Gobierno de Cristina Fernández, que ya entonces amenazó con recurrir a la CIJ.


La instalación de la planta de Botnia (ahora UPM) en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas entre ambos países por el bloqueo que los vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el puente fronterizo.


Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 al tribunal de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a su vecino sobre los detalles de la construcción.


El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.


A pesar de la oposición de las autoridades argentinas, el Gobierno uruguayo otorgó la autorización de ampliar la producción pero exigió que UPM rebajara el contenido de fósforo en las aguas que se vierten al limítrofe río Uruguay y que se enfriara a menos de 30 grados la temperatura de las mismas.


La autorización definitiva de Uruguay ha llegado una vez que la compañía haya acreditado haber cumplido con esas condiciones medioambientales.


La fábrica está ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, y frente a las costas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, sobre el río Uruguay.