Procesaron a Fariña y a Elaskar por lavado de activos

Fariña, quien está preso en La Plata en otra causa por "evasión agravada", fue embargado por 35 millones de pesos, según informaron a  Télam fuentes judiciales.
 
Elaskar, por su parte, quedó embargado por 27 millones de pesos.
 
Casanello los procesó en base a la ley 25246 que pena el "lavado de activos" y prevé un máximo de diez años de condena para este delito.
 
También quedaron embargados el departamento de avenida del Libertador donde Fariña vivía con la modelo Karina Jelinek durante su matrimonio, el campo de la localidad mendocina de Tunuyán en cuya compra habría intervenido el procesado, un automovil Ferrari, y una camioneta BMW.
 
El juez dispuso embargar además acciones de tres sociedades sospechadas de haber intervenido en las maniobras por medio de la financiera SGI, que pertenecía al también procesado Federico Elaskar, tras escuchar medio centenar de testimoniales que habrían dado por probado el vínculo entre los dos acusados.
 
Además dispuso otras dos declaraciones indagatorias en la causa, las de Alejandro Bryn y Mario Acevedo Fernández.


Según fuentes del caso, la resolución tiene unas 200 carillas y sobre Fariña, el magistrado consideró que tuvo una "irrupción glamorosa y sorpresiva en el jet set" y que de allí pasó "despacio" a las secciones policiales y judiciales de los diarios.
 
También que se le conocieron pocas actividades lícitas y que en base a testigos y escuchas telefónicas se llegó a una "pauta sobre un cuadro del origen del dinero" que manejaba en el mercado y que según las fuentes que provendría de "actividades ilícitas".
 
Elaskar era propietario de la financiera SGI, que para el juez funcionó como una "cueva" y era un lugar donde concurría con frecuencia Fariña.
 
El magistrado remarcó en su resolucíon que las tareas de investigación en esta causa fueron más "arduas" debido a que se inició sin un "delito precedente" origen del lavado porque todo comenzó con las declaraciones hechas por ambos a un programa de televisión, que luego se judicializaron por una denuncia.
 
También rechazó críticas por una supuesta "demora" y consideró que ordenar allanamientos u otras medidas de prueba similares sin del debido sustento legal hubiese expuesto a la causa a "futuras nulidades