YPF: indemnización a Repsol

Tras años de manejo irresponsable, falta de política energética, connivencia y corresponsabilidad en el vaciamiento de YPF, el gobierno solo encuentra una salida: pagarle a Repsol cinco mil millones de dólares como fruto de ocultas negociaciones.
 
En el debate en la Cámara alta de la nacionalización de YPF en 2012, el radicalismo presentó un proyecto alternativo que incluía una serie de medidas para deslindar responsabilidades por la mala gestión anterior. La UCR propuso determinar las operaciones dolosas o fraudulentas que tuvieran causa en la mala gestión de Repsol y otras administradoras anteriores. Es decir, era imprescindible establecer un valor de compra, para dar seriedad y seguridad jurídica en foros internacionales, discriminando los pasivos y el endeudamiento generados hasta la nacionalización.
 
El oficialismo se cerró, no incluyó aportes para enriquecer y hacer de los proyectos de semejante envergadura una construcción colectiva.
 
Concretamente el artículo propuesto por la UCR sobre el costo de la empresa decía: "el Poder Ejecutivo deberá, en un plazo de 60 días corridos (...) concretar el proceso de negociación para la compra del paquete accionario que se autoriza por el artículo anterior ('51% de YPF representado por acciones Clase D que pertenecen a Repsol YPF SA y a Petersen Energía SA, en la proporción de sus respectivas participaciones accionarias'), garantizando el interés económico, financiero y público del país. El Poder Ejecutivo incluirá en dicho proceso los antecedentes referidos a las acreencias o derechos a favor del Estado nacional por incumplimientos contractuales o de obligaciones de empresas precitadas a los efectos de la determinación del justo precio".