Pena de muerte: rechazo militante en la OEA

"¿Y quéqueréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis queno hay que matar? Matando". Víctor Hugo
 
A instancias de México se volvió a instalar el lucha contra la pena demuerte el 15 de enero pasado en la Organización de Estados Americanos, quemuchas de las naciones latinoamericanas acompañamos decididamente. En ocasión del tratamiento del tema en el Consejo Permanente de la OEA laArgentina acompañó sin especulaciones la condena que nos colocó lógicamente enlado opuesto del mostrador con Estados Unidos y otras pocas naciones delhemisferio.
 
La mesa redonda sobre políticas y esfuerzos para erradicar la condena apena capital recogió lo que debería ser una posición indiscutidamente unánimeen el continente, a partir de la incorporación del Protocolo a la ConvenciónAmericana Sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Ese instrumento de la OEA establece que los Estados adherentes "noaplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a sujurisdicción". Ese fue el mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner quellevamos a ese y todos los foros en los que nuestro país participa, generandoconsensos contra la pena de muestre como contra la ejecuciones extrajudicialesen cualquiera de las formas en que se presenta.
 
Así, siguiendo al doctrina que proyecta nuestro país enfáticamente desde2003, hemos manifestado nuestro repudio a cualquier proyecto de que pretendaimponer el adefesio jurídico llamado "ley de derribo".
 
Pero para que este principio consagrado ya en la declaración Universal delos Derechos Humanos de 1948 pueda imponerse a los atavismos punitivos quealguna legislación americana arrastra desde el los fondos más oscuros de lahistoria, es necesario impulsar acciones concretas.
 
Por eso es importante subrayar la coincidencia del grueso de los países dela región en torno a la pena de muerte.
 
México tomó la iniciativa este año y propuso este panel en la fecha que seconmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que en esta oportunidad fueorganizado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización y laMisión Observadora Permanente de Francia ante el organismo hemisférico.
 
"Desde 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba todos los añosuna resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, y variospaíses han suspendido las ejecuciones, lo que constituye un primer paso haciauna abolición de la pena capital", dijo el secretario de Relaciones Externas dela OEA, el guatemalteco Alfonso Quiñonez.
 
El Representante Permanente de México ante la OEA, Emilio Rabasa, aprovechóla ocasión para reforzar la (que resultó infructuosa) campaña de denunciascontra la ejecución en Estados Unidos del mexicano Édgar Tamayo, que finalmentefue ejecutado en Texas el 22 de enero.
 
Tamayo fue el tercer mexicano ejecutado tras el Fallo Avena de 2004, por elque la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos la revisión delos casos de los mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificaciónconsular hubiera sido violado.
 
Este fue un caso arquetípico de la arbitrariedad en la aplicación de unapena a pesar de las irregularidades procesales denunciadas por la CorteInternacional de Justicia y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). La medida extrema también fue deplorada por la Corte Interamericana deDerechos Humanos.
 
El antecedente de este tipo de atropellos había sido la condena de unciudadano argentino, Víctor Saldaño, en 2010 partir de un estereotipo racista.
 
Debo destacar que no todos en estados Unidos parecen orgullosos de seguirarrastrando en su arquitectura jurídica legislaciones punitivas retrógradascomo la pena de Muerte. Así me pareció entenderlo del discurso ofrecido la semanapasada por la representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, CarmenLomellín.
 
Sin llegar a repudiar la figura que resulta tan cara a algunos, muchos,texanos, la diplomática sostuvo que su país "ha declarado su intención decumplir" con la orden impartida por la Corte Internacional de Justicia. A suvez reconoció que en el caso de Tamayo se incurrió en una "violación de suobligación, a través de la Convención de Viena, de proveer una notificaciónconsular".
 
Poco queda por hacer ante el irremediable homicidio de Tamayo, salvo alzarla voz, firmemente, para aumentar consensos en todo el hemisferio y en todo elmundo para que la vida humana llegue a consagrase (finalmente y después de másde 200 años de enunciados los Derechos Humanos) universalmente como la piedraangular de la construcción social.