sábado 04 de enero de 2014, 02:07h
Hoy, 3 de enero de 2014, recordamos un nuevo aniversario de
la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes. En total, cerca de tres millones
de kilómetros cuadrados pertenecientes al pueblo argentino, y sin los cuales la
Argentina ve afectada su integridad territorial.
El año que acaba de finalizar mostró un incremento en las
agresiones verbales de los funcionarios británicos al referirse a la Cuestión
Malvinas. Por el contrario, la actitud argentina, dialoguista y decidida a
resolver en forma pacífica un conflicto colonial, ha recibido nuevos y más
enérgicos apoyos en todo el mundo, incluyendo en la propia Gran Bretaña.
Como corolario de un año en el cual el gobierno británico
expresó su intención de realizar intervenciones militares, al punto que su
propio Parlamento debió rechazar una acción bélica en Medio Oriente, el mismo
gobierno dedicó un párrafo de su discurso navideño a hablar sobre la defensa
militar de las Malvinas, olvidando el mensaje pacífico de dicha celebración.
Tal vez haya sido la expresión del fracaso de intentar confundir al mundo sobre
la ocupación colonial y militar del territorio argentino, así como la falta de
argumentos legales e históricos.
El mal llamado "referéndum", en el cual 1500 británicos de
las islas decidieron seguir siendo británicos, es violatorio de las
resoluciones de las Naciones Unidas. Ni la Resolución 2065 ni las restantes
incluyen el principio de autodeterminación en la Cuestión Malvinas. Además, la
Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó en 1985, en dos oportunidades,
propuestas británicas para incorporar ese principio en el proyecto de
resolución sobre Malvinas. Ninguno de los requisitos que habilitan la
aplicación del principio de libre determinación está presente en la Cuestión de
las Islas Malvinas.
Vale la pena resaltar que el Comité de Descolonización de
las Naciones Unidas no mencionó el autodenominado "referéndum" en ninguna de
sus resoluciones durante el año que ha concluido.
La falta de argumentos, y el amplio respaldo al derecho
argentino a la integridad territorial, incita al Reino Unido a actuar y
expresarse con la agresividad indigna de una potencia nuclear, que además es
miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tal conducta debilita los intentos
de la comunidad internacional para que todos los países acepten las decisiones
de las Naciones Unidas a fin de lograr la resolución pacífica de los
conflictos. Gran Bretaña carece de autoridad moral en este tema, ya que es el país
que más veces ha ignorado las decisiones de las Naciones Unidas, en especial
cuando se trata de terminar con el colonialismo.
Las declaraciones agresivas no son una novedad en la
Cuestión Malvinas. Basta recordar el comentario del diario The Times, vocero
oficioso de la Corona británica, que en 1842, y ante un nuevo pedido del
representante argentino en Londres de iniciar conversaciones sobre la Cuestión
Malvinas, editorializó: "No sabemos qué admirar más, si la insolencia del
sudamericano o la resignación del ministro de la Reina que no lo lanzó a
puntapiés escaleras abajo".
Para la Argentina, el año que finalizó ha sido de intensas
actividades, tanto para exponer nuestros derechos soberanos como para defender
los recursos naturales de la zona en conflicto que son expoliados por la
potencia colonial.
Por primera vez todos los países de Africa adoptaron la
Declaración de Malabo, reconociendo los legítimos derechos argentinos sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, sumándose así a los países de América latina y el Caribe.
Las expresiones militaristas de la potencia ocupante,
acompañadas por la importante presencia de las armas desplegadas, incluyendo
submarinos nucleares en el Atlántico Sur, fueron objeto de censura por todos
los países de Africa y América con costas en el Atlántico Sur durante la Cumbre
de Montevideo.
En marzo de 2013, nuestro país concurrió a la sede de
Naciones Unidas de Nueva York para solicitar sus buenos oficios al secretario
general Ban Ki-moon, tal como le fuera encomendado por la Asamblea General. En
un gesto sin precedentes, estuvieron presentes para acompañar la posición
argentina los cancilleres de Cuba y Uruguay y el vicecanciller de Perú, países
en ejercicio de las presidencias pro tempore de Celac, Mercosur y Unasur,
respectivamente. Las mismas autoridades de las Naciones Unidas manifestaron su
sorpresa ante el contundente apoyo de los tres organismos que representan a
todos los países de América latina y el Caribe.
El gobierno mantuvo una constante actividad informativa en
todo el mundo. Se imprimieron folletos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas,
conteniendo antecedentes históricos y tratamiento en las Naciones Unidas, en
idiomas alemán, griego, japonés, rumano, húngaro, búlgaro, macedonio, turco y
serbio.
Se avanzó en la traducción de material sobre la Cuestión de
las Islas Malvinas a los idiomas árabe y hebreo. Y se volvió a editar el
documental Malvinas - Historia de una usurpación con un nuevo subtitulado al
inglés, francés, portugués y árabe.
Un aspecto esencial de nuestra lucha pacífica son los más de
90 Grupos de Solidaridad en países de los cinco continentes que trabajan en pos
de una solución definitiva al conflicto colonial. Durante el pasado año, además
de las tareas de difusión llevadas a cabo por los citados grupos, realizaron
las siguientes acciones:
- Del 5 al 7 de febrero se realizó el Primer Encuentro de
Grupos Pro Diálogo sobre la Cuestión Malvinas de la Unión Europea en Londres,
con la presencia de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de nuestro país.
- Del 17 al 19 de junio de 2013 se desarrolló en México DF
el Primer Encuentro de Grupos de Solidaridad con la Cuestión Malvinas de
América del Norte.
- Los días 12 y 13 de septiembre de 2013 tuvo lugar en La
Habana el Primer Encuentro de Grupos de Solidaridad con la Cuestión Malvinas de
América Central y el Caribe.
Los parlamentarios argentinos también desarrollaron una
intensa actividad en defensa de nuestra posición nacional. En el ámbito de la
diplomacia parlamentaria se obtuvieron declaraciones en favor de la reanudación
de negociaciones con el Reino Unido por la sección latinoamericana de la
Asamblea Parlamentaria América Latina - Unión Europea (Eurolat) y por la
Asamblea del Grupo Latinoamericano de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Asimismo se efectuaron acciones de sensibilización con
motivo de sendas reuniones en la 129ª Asamblea de la UIP, la X Asamblea de
Parlaméricas, el Parlatino y el Parlamento Andino.
Finalmente se realizó una fructífera visita al Parlamento de
Irlanda de los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
de la Cámara de Diputados y el Senado, a efectos de tratar específicamente la
Cuestión de las Islas Malvinas. Hubo contacto además con legisladores de países
y organizaciones como Estados Unidos, Panamá, Vietnam y Unión Europea, en cuya
oportunidad se abordó la Cuestión Malvinas.
Del 4 al 6 de febrero se mantuvo en Londres una reunión con
el Grupo Parlamentario Multipartidario Argentina - Reino Unido y se transmitió
a sus integrantes la voluntad nacional de reanudar las negociaciones de
soberanía con dicho país.
Asimismo se llevó a cabo una reunión de los Grupos de
Amistad Parlamentarios de ambos países, en cuyo marco fue abordada la Cuestión
de las Islas Malvinas.
En noviembre, la Cancillería recibió a una delegación de
parlamentarios británicos, en cuya ocasión se dialogó sobre la Cuestión de las
Islas Malvinas y se les hizo entrega de material informativo.
El año 2013 será recordado por el gran avance en la defensa
de los hidrocarburos que se encuentran en la plataforma continental argentina.
Se dio un gran impulso a la implementación del Plan de Acción del Estado
nacional contra las ilícitas actividades hidrocarburíferas en la plataforma
continental argentina. En ese marco se realizaron las siguientes iniciativas:
Argentina mantuvo una audiencia con el secretario general de la Organización
Marítima Internacional (OMI), Koji Sekimizu, ante quien se manifestó la
preocupación por la creciente militarización del Atlántico Sur por parte del
Reino Unido y el peligro que representa para el medio marino el desarrollo de
actividades unilaterales británicas de exploración de hidrocarburos.
En dicha reunión se reiteró que la pretensión del Reino
Unido de promover y autorizar la exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables en el área en disputa de soberanía viola
lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General que insta a las dos
partes en conflicto a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en
la situación mientras esté pendiente el proceso de descolonización recomendado
por la Asamblea General.
En aplicación de la Ley 26.659, la Secretaría de Energía de
la Nación dictó resoluciones, inhabilitando por el término de 15 a 20 años a
las seis empresas británicas involucradas en ilegítimas actividades de
exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Dichas inhabilitaciones fueron notificadas a las seis
empresas activas en la zona ocupada ilegalmente.
El Mercosur adoptó un comunicado conjunto en el que
reconoció el derecho de la Argentina para adoptar las acciones legales
implementadas en el ámbito de su legislación contra las actividades de
exploración y explotación no autorizada de hidrocarburos en el área de
Malvinas.
Se llevaron a cabo gestiones en el marco de la Organización
Latinoamericana de la Energía (Olade), en cuya 43ª Reunión de Ministros se
expresó el respaldo a la adopción de medidas en materia de hidrocarburos.
A instancias de la Cancillería, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos -en colaboración con la Secretaría de Energía- elaboró un
proyecto de ley tendiente a reformar la Ley Nº 26.659 (Condiciones para la
exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental
Argentina), con la finalidad de incorporar a este instrumento legal un nuevo
tipo penal que establezca la responsabilidad en que incurrirán las personas
físicas y jurídicas que, sin la autorización de la autoridad competente,
realicen actividades de exploración o de explotación de hidrocarburos, en el
lecho o en el subsuelo del mar territorial y en la plataforma continental
argentinos, en adición a otras responsabilidades penales preexistentes. La ley
que fue sancionada por el Congreso nacional y promulgada por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner bajo el Nº 26.915 permitirá a la Justicia
argentina solicitar la cooperación judicial internacional para el arresto y
enjuiciamiento de todos aquellos incursos en la exploración y explotación
ilegal de nuestros hidrocarburos.
Todas estas acciones son llevadas adelante con la
determinación de defender, en forma pacífica, los legítimos derechos del pueblo
argentino a ejercer la soberanía en todo su territorio, así como a evitar que
potencias extranjeras continúen expoliando los recursos existentes en las
tierras y aguas ocupadas ilegítimamente por más de 180 años. La norma se
inscribe además en lo dispuesto por las Naciones Unidas, pues como ya dijimos,
ante los anuncios británicos de exploración hidrocarburífera, instó a las
partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales a la actual situación de la zona en disputa.
Sobre el fin del año, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner tomó una decisión histórica al crear una secretaría dedicada
exclusivamente a la Cuestión Malvinas, con el propósito de coordinar los
esfuerzos argentinos relativos a la recuperación pacífica de las islas y los
espacios marítimos de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, a
través del diálogo y las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el
Reino Unido.
A las amenazas de la potencia colonial tanto verbales como
militares nuestro país continuará exigiendo que se cumpla con el derecho
internacional y con las resoluciones de las Naciones Unidas, demostrando que la
negativa del Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones es la mejor
evidencia de que, en la Cuestión Malvinas, el león ruge, pero ya no asusta.
Héctor Timerman
Ministro de Relaciones Exteriores.