Diputados de la Ciudad denunciaron al ENRE a Edenor y a Edesur por sabotaje

"Pensamos que hay un problema de desinversión y corrupción por un lado y de especulación y generación de pánico por el otro para imponerle un tarifazo a la población. Queremos que la justicia intervenga urgentemente y le expliquen al pueblo las verdaderas razones de estos cortes sistemáticos y masivos que están provocando angustia en miles de familias y que los responsables de esta situación tanto funcionarios como empresarios respondan penalmente ante la justicia" manifestó el diputado Vera.
 
Por su parte el diputado Bergel afirmó que "Venimos siendo objetos de la aplicación de la Doctrina del Shock, que tan bien describiera Naomi Klein, por parte de gobiernos, lumpenempresarios locales y grandes transnacionales. Soja en el campo; cemento en la ciudad, negocios inmobiliarios  y extractivismo  urbano y rural: eso es lo que está detrás de las inundaciones, los desastres ferroviarios, la inseguridad cotidiana y mafiosa, y ahora este shock eléctrico, un verdadero Electroshock en las cabezas, los cuerpos y la voluntad de los ciudadanos; en los derechos humanos y en la integridad de la democracia".
 
Denuncia presentada:
 
Señor Juez:
 
         Gustavo Javier Vera y Pablo Bergel, legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Perú 130 de esta Ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF), constituyendo domicilio procesal en Avda. Callao 178 Piso 5° también de esta Ciudad, se presentan y respetuosamente dicen:
 
I)             Objeto
 
Que por el presente vienen a formular denuncia por el delito de sabotaje, previsto y reprimido en el art. 7 de la ley 13.985, a los fines de que se investigue la posible responsabilidad de los directivos del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica y de los directivos de las distribuidoras del fluido eléctrico  Edenor y Edesur respecto de los cortes de energía que determinaron la situación de emergencia que padece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el mes de diciembre del  año 2013. Asimismo solicitamos se investigue la posible participación de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios en el referido delito o la posible comisión por parte de estos funcionarios del tipo culposo previsto en el art. 10 de la ley 13.985 en virtud del posible incumplimiento de los deberes a su cargo.
 
II)           Hechos
 
Constituyen hechos notorios los cortes de energía eléctrica que desde el mes de diciembre de 2013 provocaron una situación de verdadera emergencia que obligó a movilizar la defensa civil de la Ciudad para asistir a los vecinos. A consecuencia de esos prolongados cortes las casas de departamentos se convirtieron en trampas para sus habitantes por la falta de los servicios de agua corriente, de ascensores y de medios de conservación de sus alimentos en condiciones climáticas terribles con temperaturas lindantes a los 40° C. Miles de personas adultas mayores, enfermos y niños, debieron a asistidos por el SAME, los bomberos y los agentes de la Defensa Civil y rescatados de los edificios en los que peligraba su vida a raíz de las condiciones generadas por los apagones. La Ciudad se vio conmovida por protestas colectivas, piquetes, cortes de ruta y de calles, hechos de violencia que causaron la muerte de personas registradas en la crónica periodística. El comercio y la industria se vieron perturbados. Fue particularmente penosa la situación de los comerciantes de artículos perecederos que vieron como su mercadería se arruinaba por la interrupción de la cadena de frio en tiempos en que por las Fiestas de fin de año tienen su pico máximo de ventas. Un clima de temor, violencia y desazón se generó a partir de la falta de este esencial suministro que además estuvo potenciado por la cercanía de los episodios de saqueo que conmovieron el país durante el mes de diciembre. El clima de opresión que se vive en una ciudad oscurecida y con sus calles desiertas como si se viviera en tiempos de guerra ha caracterizado este fin de año.
 
Basta leer el debate parlamentario de la ley 13.985 para advertir que el bien jurídico tutelado por el tipo del delito de sabotaje no es solamente los bienes materiales sino el espíritu público, el estado de unidad social y de concordia, esenciales para la seguridad de la Nación como se encargó de puntualizar el entonces diputado John William Cooke. Sin perjuicio de la identidad partidaria de los redactores de la ley y de los errores en los que incurrieron, lo cierto es que las correcciones introducidas por las leyes 16.648 y 24198 eliminaron los aspectos más controvertidos de la referida normativa, la que, por otra parte fue restablecida en dos oportunidades por gobiernos constitucionales (leyes 20.509 y 23.077).
 
En este caso concreto corresponde que se investigue si por los medios de la desinversión y del vaciamiento de las compañías proveedoras de la electricidad se ha desorganizado el servicio con la finalidad de perturbar el desarrollo comercial, industrial, económico y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos del conurbano porteño.
 
Una de las características más salientes de los procesos económicos de los últimos treinta años, es decir durante la vigencia de los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura militar, han sido las idas y venidas con la titularidad de las empresas de servicios públicos. La gran corrupción en la gestión de las empresas de servicios públicos determinó el colosal derrumbe económico de 1989 que obligó durante la década de los noventa, en medio del descalabro general a una muy apresurada desregulación y privatización. Este proceso estuvo signado por una nueva y escandalosa oleada de corrupción.  Sin embargo, la población debió tragar la píldora bajo la amenaza del caos. En el 2001 estalló por el aire el modelo menemista y se replanteó un sistema de controles no muy claro ni muy eficaz pero que hubo que aceptar por la pretendida naturaleza nacional y popular de las nuevas autoridades y porque no quedaba otro remedio. Hoy nuevamente vuelven a saltar por los aires las empresas otrora privatizadas y luego mal reguladas y peor controladas y se busca imponer estatizaciones ruinosas y carísimas. Ejemplos que están a la vista: aerolíneas argentinas, YPF, los servicios del ferrocarril, etc. Nuevamente recomienza el  ciclo de corrupción (contubernio del sector privado con los funcionarios públicos), sabotaje (desorganización del servicio con riesgo para el desarrollo) y extorsión (exigencia de aceptar turbias soluciones políticas desesperadas para evitar la amenaza de males mayores). De modo similar y concurrente, se debe señalar la irresponsabilidad cómplice de autorizar y promover la sobreconstrucción sin la contrapartida de la actualización de las infraestructuras que deben hacer sustentable la vida urbana, con la sola vocación de impulsar la maximización de la renta inmobiliaria.
 
         En el caso de las compañías Edenor y Edesur cabe señalar que del análisis de los balances de ambas empresas distribuidoras de energía, surge que presentan dificultades que hacen prever su disminución de capital y hasta la liquidación misma de las empresas.
 
Sin embargo, a pesar que los organismos de control y el Poder Ejecutivo Nacional, cuyos funcionarios integran los directorios de las mencionadas compañías, se encuentran en conocimiento de ello, no adoptaron medidas tendientes a evitar consecuencias mayores, como las que ahora están padeciendo los usuarios de las empresas de electricidad.
 
En efecto, las empresas presentan pérdidas acumuladas y déficit de capital de trabajo.
 
Sus auditores y comisiones fiscalizadoras señalan que se prevé que si la situación continuara deteriorándose, estiman flujos de Caja y resultados operativos negativos y el deterioro de los índices financieros.
 
También han señalado que  la situación genera incertidumbre respecto de la posibilidad de que las empresas continúen operando como una empresa en marcha, en términos contables.
 
Los auditores y síndicos señalan que no se incluyen los efectos para el caso de no resolverse la situación a favor de la continuidad de las operaciones de las empresas, en caso que se vieran obligadas a vender sus activos y/o cancelar sus pasivos, incluyendo las contingencias.
 
Agregan que de persistir esta situación se encontrarían comprendidas en la causal de disolución por pérdida del capital social establecida por el Art. 94, inc. 5° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.
Esta situación que pone al límite la continuidad de un servicio público esencial no era ignorado por el ENRE que tiene a su cargo en virtud de los arts. 56 y concordantes de la ley 24065 evitar situaciones como las que ha padecido la Ciudad autónoma de Buenos Aires.
 
III)         Prueba
 
Solicito se tengan en cuenta los balances e informes publicados por las referidas empresas como prueba y la que oportunamente se aportará al momento de la ratificación de la presente.
Asimismo se requieran los pertinentes informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad sobre la situación financiera de Edenor y Edesur y de las medidas adoptadas a su respecto.
 
IV)        Petitorio
 
Por todo lo expuesto, solicito:
a)   Se tenga por presentada y el domicilio constituido,
b)   Se corra la correspondiente vista al Ministerio Público Fiscal.
 
Proveer de conformidad. Será Justicia.