Privacidad: el beneficio de que no te escuchen

Los embajadores ante Naciones Unidas, como otros representantes soberanos de nuestros Estados, damos por descontado que la privacidad de nuestras comunicaciones es violada de forma sistemática, cada llamada, cada email. Todos los que usan medios electrónicos de comunicación se exponen a lo mismo.
Uno debe asumir hoy en día que conversaciones oficiales o privadas suceden con la presencia silenciosa de un intruso de mayor poder, sea otro Estado o una corporación económica.
 
Es un delito transnacional por excelencia, que en su ignorancia de las fronteras, viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y la soberanía de los Estados. En ese mínimo instante digital, se degrada la confianza mutua.
 
Tanto o más importante, se puede afectar la paz y la seguridad internacionales.
Este debate explotó en julio, cuando el ex agente de la CIA Edward Snowden contó que el gobierno de Estados Unidos interceptó masivamente las comunicaciones electrónicas de Estados e individuos en todo el mundo.
 
Las protestas de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil pusieron en escena una movilización global en defensa del derecho a la privacidad de los individuos. Razón más que suficiente para que las Naciones Unidas aprobara ayer en una de sus comisiones la introducción de la primera resolución internacional sobre el derecho a la privacidad, donde la organización manifiesta estar "profundamente preocupada por las violaciones y los abusos de los derechos humanos que pueden producirse a partir de la realización de cualquier tipo de vigilancia de las comunicaciones, incluida la vigilancia extraterritorial".
 
Más importante aun, "pone de relieve que la vigilancia ilegal y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación ilegal de datos personales constituyen actos de intrusión grave que violan el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden amenazar las bases de una sociedad democrática".
 
La resolución explicita también que la lucha contra el terrorismo debe ajustarse a estos principios. Sin excepciones.
 
La revelación del ex agente puso de relieve dos temas más importantes. El primero es la confirmación categórica de que la defensa de la soberanía de los Estados no sólo no es un obstáculo para la globalización: es su mejor garante. Una integración mundial como la que potencian las comunicaciones electrónicas no demanda que derribemos fronteras y disolvamos Estados, como el mantra de estas décadas sugiere. Requiere, al contrario, que cada gobierno garantice principios universales, no sólo desde el punto de vista jurídico sino desde el punto de vista práctico.
 
Los proyectos para construir una infraestructura de Internet con base en América Latina es un paso saludable en esa dirección.
 
El segundo punto, justamente, es el rescate de la enorme contribución de la región para afrontar estos problemas, más allá de las concepciones individualistas que ven en la soberanía nacional un obstáculo para la libertad, o los regímenes autoritarios que la ven como un escudo para abusar del poder domésticamente.
 
La resolución de Naciones Unidas fue presentada por Brasil y Alemania (dos de las "víctimas directas" de escuchas ilegales) en la Comisión de Derechos Humanos, con el fuerte apoyo de la Argentina junto a un significativo grupo de países. Es un claro mensaje ético y político para quienes violan las comunicaciones y el derecho internacional.
 
No es sorprendente que América Latina ocupe un lugar destacado entre quienes impulsaron esta resolución: además de la presentación de Brasil, entre los patrocinadores están Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay.
 
Para lograr consensos globales amplios, la resolución se enfoca en el problema de los Derechos Humanos y un énfasis menor en la violación a la soberanía. Pero la región ha enfatizado la relación central entre la defensa de la soberanía y la defensa de la libertad.
 
Ese es y debe ser el centro del debate. La Argentina apoyó a Brasil en sostener este espíritu categórico de la resolución, frente a cualquier idea de disolver su fuerte mensaje político dentro de otras valiosas dimensiones como la del derecho a la libertad de expresión, o de la no intervención en los asuntos internos de otros países. No por nada, la región ha sido, desde el surgimiento mismo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, el actor internacional que con mayor claridad ha señalado la asociación necesaria entre los derechos fundamentales de los individuos y la soberanía de los Estados.
 
Lo que ha ocurrido con las masivas violaciones de la privacidad es una tremenda regresión que demanda que no sólo los gobiernos sino las sociedades se movilicen en defensa de los derechos y libertades alcanzadas.
 
Aunque quizás el mayor retroceso sea la fraseología ampliamente difundida acerca de que las revelaciones de Snowden no son tan escandalosas ya que, en el fondo, "esto lo hacen todos". Se trata de una rara equivalencia ética, jurídica y política propia del relato extendido durante la Guerra Fría.
 
Esta aceptación de la ilegalidad, de la violación del derecho internacional y de los Derechos Humanos es aun más perjudicial y cínica cuando se considera que la diferencia sustantiva entre las políticas autoritarias y las democráticas estaba fundada en éticas contrapuestas: la ética de la libertad versus la lógica del control.
 
Por ello, cuando la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que las revelaciones de Snowden traían a la memoria la película La Vida de los Otros, sobre las violaciones a los derechos individuales por parte del Estado en la vieja Alemania del Este, al mismo tiempo llamó a reconstruir el ideal de que podemos convivir en pluralidad, con ideas diferentes, y de que esas ideas diferentes no nos tornan en enemigos de otras personas ni en una amenaza para otro Estado.
 
Es lo primero que debería recordar de la nota quien haya interceptado esta comunicación.
 
María Cristina Perceval,
Representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas