El Estado español reconoció la falta de control sobre una parte del dinero en la compra de Aerolíneas

Un ex alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Juan Gurbindo Gutiérrez, dijo que "no se controlaban las operaciones de Air Comet", que era una empresa privada, pero se tomaron medidas para "asegurarse que se cumpliera con el compromiso del contrato" de compraventa de Aerolíneas.
 
El testigo dijo que en la operación de compraventa de Aerolíneas, la SEPI, que era propietaria de la línea a través de su filial Interinvest, hizo dos aportes de capital, uno de 300 millones de dólares para comprar créditos de acreedores, y otro de 248 para un plan industrial y gastos para reorientar la compañía.
 
En cuanto a los 300 millones de dólares, dijo que eran aportes irrevocables de la SEPI en Interinvest para el pago de una serie de deudas con acreedores, créditos que compró Air Comet para controlar el concurso de acreedores y con el compromiso de aportarlos a Aerolíneas para su capitalización.
 
"Se firmó un contrato para que la cesión de créditos no pudiera ser negociada con nadie. Lo que se hizo fue plantear una garantía por parte de los accionistas de Air Comet para que si no se aplicaban a los fines de recapitalización ellos tuvieran que devolveré el dinero a la SEPI", sostuvo Gurbindo Gutiérrez.
 
En cambio, respecto a los 248 millones de dólares aportados para el plan industrial, el ex directivo admitió que los accionistas sólo debían justificar que habían gastado el dinero, pero la SEPI no decidía en qué se gastaba.
 
Según explicó, el dinero salió de la cuenta mancomunada que tenían SEPI e Interinvest en cantidades de 30 millones de dólares una vez justificado el gasto.
 
Gutiérrez afirmó que la SEPI "no tuvo que hacer ningún reclamo a Air Comet" y que la única penalización, que no especificó, fue porque no se compró la totalidad de los aviones comprometidos.
 
Tras explicar la venta de Aerolíneas con detalles trascendentes ante un presunto delito de malversación de fondos públicos, el testigo respondió finalmente sobre el objeto de enjuiciamiento, delito fiscal, y fue contundente: "En España la SEPI está exenta de pagar impuestos por este tipo de operaciones. Y en Argentina, en ese momento, tampoco tenía que pagar impuestos", dijo.
 
Antonio Mata y Gerardo Díaz Ferrán, ex dueño de Aerolíneas Argentinas, enfrentan un pedido de dos años y cuatro meses de prisión por un presunto delito fiscal de 99 millones de dólares derivado de la compra de la compañía en 2001.
 
El dinero supuestamente defraudado corresponde al impago del Impuesto de Sociedades del año 2002.
 
En el procedimiento estaba imputado también el ex socio de Díaz Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012.
 
En 2001, Díaz Ferrán y Pascual compraron Aerolíneas(ARSA) al Estado español a través de Air Comet, y siete años más tarde, cuando la firma perdía un millón de dólares al día, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la reestatizó.
 
La SEPI vendió el 92,1% de sus acciones de Aerolíneas a Air Comet por un valor simbólico de 1 dólar; y en ese acto se hizo cargo del pasivo de la compañía por un máximo de 300 millones de dólares, dinero que debía ser destinado al pago de los acreedores de la sociedad, y aportó otros también a un plan industrial.
 
Un año antes, la SEPI se había hecho con el 99,2% de las acciones de Interinvest, que afrontaba enormes pérdidas por Aerolíneas tras la gestión de la compañía por parte del consorcio Iberia, que a su vez había comprado la aerolínea de bandera argentina en 1990.
 
El fiscal Miguel Angel Carballo quiere demostrar que los créditos de los acreedores de Aerolíneas Argentinas que compró Air Comet en la operación de adquisición eran beneficio y debían tributar.
 
Sin embargo, el ex responsable financiero de Air Comet, Antonio Martínez, aseguró  que en los balances de la sociedad figuraban como deuda a cuenta de Interinvest.
 
"Air Comet recibió fondos de Interinvest para comprar créditos de Aerolíneas Argentinas. Pero Air Comet no podía disponer de esos fondos porque automáticamente se pagaron a los acreedores", dijo Martínez, testigo de la defensa de Antonio Mata.
 
Los fondos "provenían de una cuenta mancomunada de Interinvest del banco BBVA, en el que tenían firma Interinvest y la SEPI", sostuvo Martínez.
 
"Acudí a una reunión en la que se hizo la operación de compra de determinados créditos de Aerolíneas Argentinas y la operación era simplemente que Air Comet recibía cheques al portador de Interivest para pagar a los proveedores", añadió.
 
"En el mismo acto simultáneo, Air Comet recibía las cartas de pago de los acreedores de Aerolíneas de que se había pagado, y a la vez Air Comet le debía el dinero a Interinvest.
 
Martínez indicó que los movimientos "estuvieron registrados a nivel contable, como activo y pasivo, pero el efecto era nulo".
 
Preguntado por la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedrero, especificó que los créditos no estaban en las cuentas de Air Comet con cierre del 28 de febrero de 2002, pero si al día siguiente, lo cual no tiene ninguna relevancia.
 
Si bien sostuvo que no conocía el contrato de compraventa de Aerolíneas de forma directa, reconoció que sabía que se asumían una serie de obligaciones comprando títulos de créditos para que Air Comet se convirtiera en acreedor mayoritario y así poder salvar el patrimonio de la compañía aérea de bandera argentina.
 
Al inicio del juicio, que se desarrolla en la Audiencia Nacional y está previsto que dure al menos hasta mañana, Díaz Ferrán y Mata negaron haber cometido ningún delito fiscal.
 
Díaz Ferrán está imputado en varias causas abiertas en la Audiencia Nacional, la más importante por la apropiación indebida de 4,4 millones de euros en la quiebra de Viajes Marsans y por esconder su patrimonio para no pagar a los acreedores.
 
Una eventual condena en el caso de Aerolíneas Argentinas puede suponer un antecedente que le impedirá eludir la prisión efectiva en los otros casos.