Sigue la polémica
Uruguay renueva hasta 2016 la autorización ambiental a UPM-Botnia
domingo 03 de noviembre de 2013, 16:46h
Uruguay ha renovado hasta el año 2016 la autorización
ambiental a la fábrica de celulosa UMP-Botnia, según ha informado este domingo
el ministro de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda, Francisco
Beltrame.
Beltrame firmó el pasado viernes una nueva Autorización
Ambiental de Operaciones (AAO) para la empresa finlandesa, ya que la actual
vence el próximo lunes. El plazo de vigencia es de tres años, como es habitual,
de acuerdo con el diario uruguayo 'La República'.
Para ello, el
Gobierno habría exigido a UPM-Botnia controlar diariamente la cantidad de
fósforo tratada y vertida, adecuar sus instalaciones para evitar que la lluvia
arrastre lodos de cal y mantener la temperatura del río Uruguay por debajo de
los 30 grados centígrados.
Beltrame ha
explicado que el Gobierno ha decidido renovar la AAO porque la fábrica de
celulosa está cumpliendo los requisitos impuestos por la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA), o al menos haciendo todo lo posible por satisfacerlos.
"Ya se están
adecuando las instalaciones en torno al patio de almacenamiento para evitar el
arrastre del lodo de cal. También se está cerca de terminar la remoción de los
lodos de cal remanentes en las piletas de ecualización y seguridad", ha
detallado.
La renovación de la
AAO podría volver a enfrentar a los gobiernos de José Mujica y Cristina
Fernández de Kirchner en torno a UPM-Botnia, ya que, de acuerdo con un tratado
bilateral, cualquier decisión sobre la empresa finlandesa debe ser consensuada.
Aumento de la producción
El conflicto
bilateral se reavivó el pasado 27 de septiembre cuando Mujica anunció que su
Gobierno autorizaría a la papelera a aumentar su producción a cambio de que
UMP-Botnia mejorara el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay,
frontera natural entre ambos países.
En respuesta, el
Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la
obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso
contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Fernández de
Kirchner a ir a La Haya.
"El interés de
Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos
internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de
respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar
dicha empresa", subrayó.
Para evitar una
nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner
acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran esta
semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral.
"Tenemos
diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los
presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino
para seguir en paz", dijo la jefa de Estado argentina ante la atenta
mirada de su homólogo uruguayo.
"Estamos en el
mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une", aseveró
Mujica, recordando que "los pueblos argentino y uruguayo son más que
hermanos". "Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo
sentir", destacó.
El diálogo apenas
duró 24 horas porque Mujica ratificó su decisión de autorizar un aumento de la
producción, aunque solo en 100.000 toneladas, la mitad de lo solicitado, y con
la condición de que la temperatura de los vertidos no supere los 30 grados
centígrados y de que reduzca la cantidad de fósforo de los mismos.
En consecuencia,
Argentina anunció el pasado 3 de octubre que denunciaría a Uruguay ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su decisión unilateral de aumentar la
producción, al considerar que "afecta a su soberanía ambiental" y
"viola los tratados bilaterales".
"Argentina
lamenta que los intereses de UPM-Botnia se hayan convertido en un factor
determinante en la relación con Uruguay", dijo, reiterando que, tanto en
este caso como en el de los "fondos buitre", el país "impedirá
ser doblegado por una empresa multinacional".
La denuncia
argentina todavía no ha llegado a La Haya porque Mujica ha reiterado su deseo
de dialogar con el país vecino, aunque ha aplazado 'sine die' las negociaciones
a la espera de que Fernández de Kirchner se recupere de la intervención
quirúrgica a la que se sometió el pasado 8 de octubre por un hematoma craneal.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de
2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por
UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los
supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial
se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya
exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación
"sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el
turismo.
La CIJ dio un
varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el
cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación
no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su
instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto,
añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las
aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los
desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas
naciones.
No obstante, la CIJ
condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al
permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar
previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no
respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de
notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la
obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación",
sentenció.
Por otro lado, el
alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento
racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían
promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los
derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio
en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que
tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es
importante que las dos respeten esta norma", concluyó.