Resurge
el conflicto por la papelera
La Cancillería alertó que "todo cambio en Botnia altera la sentencia"
domingo 29 de septiembre de 2013, 23:48h
La
Cancillería argentina reiteró que la Corte Internacional fijó el límite de
producción en 1 millón de toneladas para la empresa Botnia cuando emitió su
dictamen en torno a la controversia por la instalación de la planta de
celulosa.
De esta
manera, Cancillería fijó su postura en el marco de la cuestión UPM-Botnia,
agregando además que "toda decisión que se tome sin cumplir con los pasos
procesales" acordados con Uruguay es "violatoria del Estatuto del Río
Uruguay y de los posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas
naciones".
A
través de un escrito, se recordó también que "el 14 de febrero de 2005 la
República Oriental del Uruguay aprobó la instalación" de la planta y al
mismo tiempo "fijó la capacidad de su producción en 1 millón de toneladas
anuales".
"Es
un error quienes hablan de 1 millón cien mil", sostuvo Cancillería, y
añadió que "el límite de 1 millón anual fue el que utilizó la Corte
Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra
emitió su dictamen".
"Todo
cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal.
También estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la
que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la dicha empresa sobre
el Río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento", expresa
el escrito difundido por el Palacio San Martín.
A la
vez, sostiene que "en marzo de 2012 Uruguay se puso en conocimiento de la
CARU una solicitud de aumento de producción" y "al hacer esta
presentación el Uruguay reconoce que el aumento de producción puede afectar la
navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas".
"También
reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho
cambio", agrega.
Desde
el Palacio San Martín se explicó además que "en tiempo y forma la
Argentina hizo saber al Uruguay por intermedio de la CARU que la información
recibida era incompleta de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río
Uruguay" y, a partir de eso, "se solicitó información adicional para
poder expedirse".
"La
Argentina reiteró en cuatro oportunidades la solicitud de información sin
recibir la información adecuada por lo tanto aún no ha comenzado a correr el
plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal
como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto", se expresó.
Por
ello, indica Cancillería, "toda decisión que se tome sin cumplir con
dichos pasos procesales es violatoria del Estatuto del Río Uruguay y de los
posteriores acuerdos firmados por las autoridades de ambas naciones".
Por
otra parte, sostiene que "en caso que la República de Uruguay no espere
los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no
haya acuerdo entre las partes, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe
resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no
arribar a un acuerdo cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la
Corte Internacional de Justicia".
"Estamos
seguros que el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no
puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre
naciones hermanas. Y con ese espíritu de respeto y amistad es que deben ser
tratada las presiones que intente efectuar dicha empresa", finaliza el
comunicado difundido por las autoridades diplomáticas argentinas.
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