El radicalismo firmó un acuerdo con comunidades aborígenes

 El acuerdo fue firmado tras el encuentro que mantuvieron las autoridades del radicalismo en la sede del Comité Nacional con representantes de las comunidades Omaguaca, Moqoit, Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, entre otras.

 
"Nosotros no pretendemos ninguna ventaja político-partidaria con este acuerdo", afirmó Barletta tras la reunión y aseguró que "fueron invitados todos los partidos para que acompañen esta iniciativa".
 
"Queremos ayudarlos para que en las próximas elecciones, y en la que vienen, los pueblos originarios tengan todas las herramientas para defenderse y participar activamente", enfatizó el líder de la UCR y agregó que "es muy importante que las comunidades aborígenes sean parte de la construcción de poder de la Argentina, con debida representación política".
 
El acta firmada consta de seis puntos en los que la UCR se compromete a colaborar y facilitar en las tareas, actividades, y asesoramiento técnico-jurídico de los pueblos originarios. Se destaca en particular la asistencia para hacer operativos los derechos que emergen de la Convención 169 de OIT ratificados por la ley 24.071, sobre participación activa de los Pueblos Originarios y la necesaria consulta informada respecto a las decisiones sobre las cuestiones a ellos inherentes.
 
Demanda al Estado Nacional
 
Los representantes del Consejo Nacional de Política Indígena, Félix Díaz, Israel Alegre, Juan Namuncura y Raúl Maliqueo, entre otros, acompañados por diputados nacionales Patricia de Ferrari (UCR-Córdoba) y Alfonso Prat Gay, y por la Presidente de la Convención Nacional de la UCR, Lilia Puig de Stubrin, presentaron  una demanda civil contra el Estado Nacional, en la que solicitaron que se declare inconstitucional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y pidieron que el organismo sea intervenido judicialmente.
 
La demanda plantea la Acción Declarativa de Certeza (Art. 322 CPCC) respecto al Convenio 169 OIT, que fuera suscripto por el Estado Nacional y aprobado por la ley 24.071, solicitando que la justicia ponga fin a la incertidumbre y declare la operatividad del mencionado convenio, reconociéndole rango constitucional y, en tal sentido, otorgando los derechos que corresponden a las comunidades. También se solicita se declare la inconstitucionalidad del Artículo 5º de la Ley 23.302 y de la actual conformación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).