Trimarco pidió que la sociedad apoye la democratización de la justicia

La presidenta de la Fundación María de los Angeles, ONG que rescata y asiste a mujeres víctimas de la trata, participó hoy del cierre de un encuentro sobre el delito de la trata organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se realizó en el auditorio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en Corrientes 389, de la Ciudad de Buenos Aires.
 
En este ámbito, Trimarco pidió a los jueces que "recapaciten, porque si no están capacitados para afrontar causas relacionadas con este delito, deben renunciar. Es necesario una renovación, que llegue gente joven y capacitada a ejercer justicia".
 
Para la mamá de Marita, la justicia "que no respeta a las madres que nos roban y matan a nuestros hijos, necesita un cambio urgente", y puso como ejemplo al Tribunal tucumano que dejó en libertad a las 13 personas acusadas de la desaparición de su hija.
 
Trimarco hizo un recorrido histórico de las trabas judiciales que debió afrontar desde que, en el año 2002 comenzó a buscar a Marita, y valoró "el apoyo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner que convirtieron a la trata en un tema de política pública".
 
Por su parte, Martín Mena, subsecretario de Política Criminal, pidió que "se rompan las barreras de la administración de justicia", que los jueces "se acerquen a la temática de la trata y se concienticen sobre la necesidad de tratar con dignidad a las víctimas".
 
En tanto, la coordinadora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, Zaida Gatti, aseguró que "el poder judicial siempre ha sido un obstáculo para nosotros, y especialmente para las víctimas".
 
Gatti, quien participó del panel de apertura de la jornada, destacó que "algunos jueces se ponen en el lugar de Dios frente a las víctimas de trata, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad muchas veces peor que en el propio prostíbulo, y digo esto a partir de relatos de las propias víctimas".
 
Asimismo, cuestionó el fallo del tribunal tucumano por el caso de Marita "porque se dictó sentencia con una mirada sesgada de la situación, en donde se decidió proteger a los delincuentes y descreer del relato de las víctimas".
 
"Si bien hoy hablamos de democratización de la justicia, nosotros venimos peleando hace años con el Poder Judicial, porque muchos de los jueces y juezas ni siquiera se capacitaron cuando salió la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en 2007", afirmó Gatti.
 
Por su parte, Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, destacó el decreto 936/11 de Erradicación de la Difusión de Mensajes e Imágenes que Estimulen o Fomenten la Explotación Sexual porque "es un paso más en la dirección de recuperar la dignidad de las personas mediante las políticas públicas".
 
"El decreto es para promover un cambio cultural, para que las personas no sean mercantilizadas", afirmó Stevens, y en ese sentido destacó que "los medios deberían ser grandes aliados de la lucha contra la trata".
 
Sin embargo, al mostrar algunas de las conclusiones extraídas de relevamientos que realiza la Oficina de Monitoreo destacó que los medios del Grupo Clarín publicaron en abril de este año un 52% de los avisos relacionados con trata que aún persisten en los diarios del país.
 
A su turno, Mariano Ciafardini, Director Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, señaló la "necesidad de transformación de la hegemonía cultural, porque una cosa es tener el gobierno y las herramientas para llevar adelante algunos cambios, pero otra es el poder real que reside en consensos espurios, como los del Poder Judicial".
 
En ese sentido, presentó resultados de una encuesta realizada desde su área, en donde se determinó un promedio de 6500 personas explotadas por redes de trata sexual o laboral sobre 100.000 personas, y que en los casos que llegaron a la justicia, en un 63% se falló otorgando el sobreseimiento o desestimación a los acusados.