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Un castigo al mal ejemplo argentino

Por Alberto Dearriba
domingo 25 de noviembre de 2012, 17:27h
El gobierno nacional presentará en los tribunales de Nueva York una apelación contra el inaudito fallo del juez Thomas Griesa, que pretende obligar a la Argentina a pagarles a los fondos buitre la totalidad del valor de los bonos en default, con lo cual se desataría una catarata de acciones judiciales para reclamar por las quitas a la deuda externa logradas por Néstor Kirchner en 2005 y por Cristina Fernández en 2010.


El magistrado neoyorquino, hijo de un banquero, amigo de los republicanos y con dudoso prestigio en los medios judiciales estadounidenses, beneficia concretamente al fondo NMI, que lidera el apostador financiero Paul Singer, pero pone en jaque a cualquier renegociación de deuda soberana en el futuro.


El NMI no fue perjudicado por el default argentino, ya que adquirió los bonos de la deuda a precio de remate -luego de producida la cesación de pagos en diciembre del 2001-, con el objetivo de litigar luego y sacar el mayor beneficio a esa riesgosa apuesta financiera.


Griesa sostiene que la Argentina discrimina a los bonistas que no entraron en los canjes aceptados por el 93% de los afectados por el default, a los que el país les paga puntualmente desde 2006.


Pero al poner en un pie de igualdad a quienes ingresaron en el canje y a los que se negaron, el magistrado borra a nivel global y de un plumazo la posibilidad de futuras renegociaciones, ya que no tendría objeto arreglar una quita cuando recurriendo a la justicia norteamericana se logra el ciento por ciento.


El propio juez Griesa avaló los canjes de 2005 y 2010, por lo cual resulta incongruente para los entendidos del mundo financiero que ahora adopte una posición directamente opuesta a las renegociaciones que permitieron una quita de unos 70 mil millones de dólares sobre la deuda soberana argentina.


El fallo del polémico magistrado neoyorquino se produce mientras la Argentina intenta que Ghana libere a la fragata Libertad, anclada en el puerto de Tema, por otro ataque de un fondo buitre, lo cual sirvió para que dirigentes opositores aprovecharan la situación y cuestionaran al gobierno.


Los opositores neoliberales que avalaron el endeudamiento suicida de los 90 y su sometimiento a tribunales extranacionales, intentan ahora medrar con la complicada situación que se le plantea al gobierno de Cristina Fernández como consecuencia de las decisiones que ellos mismos adoptaron. Tratan de obtener un mezquino rédito político en lugar de defender los intereses nacionales.


Sin embargo, los referentes de las principales fuerzas admitieron que el fallo es un exabrupto y una incongruencia judicial. "Lo único que le faltó a Griesa es que nos manden la Quinta Flota", dijo el ministro Hernan Lorenzino durante una conferencia de prensa en la que anunció que la Argentina apelará el fallo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.


Las vinculaciones de Griesa con sectores financieros permiten inferir que su fallo a favor de los fondos buitre implica un castigo al gobierno kirchnerista por su rebeldía frente al poder de los banqueros internacionales, y una advertencia para quienes imaginen una salida similar a la producida en la Argentina.


El inédito crecimiento de la economía nacional tras el default les mostró a los países endeudados que hay vida después de la cesación de pagos, aún sin poder acudir a las fuentes financieras tradicionales como el Fondo Monetario Internacional, con el cual Kirchner saldó al contado la deuda de casi 10 mil millones de dólares para evitar sus gravosas intromisiones.


En ese contexto, el fallo de Griesa no es solo una brutal reivindicación de su competencia, cuestionada por el gobierno nacional, sino una medida ejemplarizadora para quienes pretendan seguir la estrategia argentina, elogiada por economistas de prestigio como el premio Nóbel Joseph Stiglitz.


La presidenta Cristina Fernández reiteró en cuanto foro internacional del cual participó sus críticas a la preeminencia del capital financiero sobre la actividad productiva y sobre instituciones democráticas, lo cual implica para Wall Street un gesto de difícil perdón.
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