Acertada decisión
La Justicia avaló que la imprenta Donnelley continúe como cooperativa
lunes 06 de octubre de 2014, 23:57h
El juez en lo Comercial Gerardo Santicchia avaló hoy la
continuidad de la imprenta Donnelley y concedió la locación de la empresa a la
Cooperativa "MadyGraf", integrada por los trabajadores que desarrollaban
sus tareas allí, luego que la AFIP considerara fraudulenta la presentación de
quiebra de la compañía.
Fuentes judiciales informaron a Télam que a partir de la
decisión del titular del juzgado Comercial 19, los trabajadores podrán
continuar con la operación de la imprenta, lo que implica también que deberán
abonar un canon por dicha locación, como así cumplimentar los requisitos
vinculados a la explotación.
La AFIP había solicitado el 14 de agosto, solo tres días
después de que se decretara la quiebra de la firma de capitales
estadounidenses, que se la deje sin efecto por considerarla fraudulenta y que
se decrete la continuidad de la explotación para resguardar los 400 puestos de
trabajo existentes.
La empresa Donnelley presentó su quiebra el 8 de agosto y le
fue concedida 3 días más tarde, algo que fue leído por el gobierno nacional
como una medida "extemporánea y planificada" a la que le siguió el
cierre prácticamente simultáneo de la imprenta, al considerar que no existían
"razones económicas ni productivas" para semejante decisión.
En ese contexto, el Gobierno -a través de la AFIP- presentó
un pedido de revocatoria de quiebra ante la justicia comercial fundado en que
la empresa no tenía una deuda significativa, sus activos eran superiores al
pasivo y no registraba oscilaciones en su producción durante los últimos años.
A raíz de la presentación de la AFIP, Santicchia, a cargo de
la quiebra RR Donnelley Argentina S.A., concedió la locación de la planta de la
empresa a la Cooperativa "MadyGraf", en un aval a la continuidad de
las actividades productivas y comerciales de la firma.
Las fuentes vinculadas al caso explicaron que a partir de
esta instancia "los trabajadores deberán abonar un canon por dicha
locación, como también cumplimentar todos los requisitos ineludibles, propios
de la explotación".
Así, la cooperativa tendrá que evaluar la contratación de
seguros contra incendio y destrucción de los bienes, con pólizas endosadas a
nombre de la quiebra, por el establecimiento y también por los accidentes de
trabajo de las personas que trabajen en él (ART).
También la cooperativa tendrá que cumplir sus obligaciones
en materia societaria y sus presentaciones al Instituto Nacional de Economía
Social (INAE) de registro de las operaciones; y cumplir con las presentaciones
a los organismos de contralor de la actividad que desempeña.
En materia de obligaciones impositivas la cooperativa deberá
mantener la vigencia de las habilitaciones y permisos (nacionales, provinciales
y municipales) para el funcionamiento de la planta industrial en el predio de
la localidad bonaerense de Garín.
Además, la cooperativa deberá contratar un seguro de caución
por el pago del canon de todo el período locativo y abonar los montos que
deberá establecer la sindicatura.
La AFIP, al realizar su presentación judicial, consideró que
el propio balance de la compañía indicaba que la liquidez al 31 de Diciembre de
2013 era de casi 600 millones de dólares superior al ejercicio anterior.
De esa manera, el activo de la empresa era superior al
pasivo, es decir tenía un patrimonio neto positivo integrado por un activo de
180 millones de pesos, y un pasivo de 140 millones de pesos.
En el balance, Donnelley registraba ganancias reservadas de
20.200.000 de pesos para futura distribución de dividendos, mientras que la
firma recibió aportes de sus accionistas por $3.000.000 en efectivo en
noviembre de 2013, según sus propios estados contables.
El gobierno también efectuó una denuncia ante la Justicia
Federal, que recayó en el juez Daniel Rafecas por infracción de la Ley de
Delitos Económicos 26.733, para que se investigue la comisión de una quiebra
fraudulenta.
En esa misma línea, la Comisión Nacional de Valores -por
entonces presidida por el actual titular del Banco Central, Alejandro Vanoli-
realizó una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de
Estados Unidos, por el supuesto accionar fraudulento de Donnelley.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a
Donnelley por desarrollar una quiebra "falsa" y vinculó a esa empresa
con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un
"entramado mafioso" para perjudicar al país.