Lo dispuso el gobierno nacional.
Congelaron los fideicomisos pertenecientes a Olivera, uno de los represores prófugos
jueves 01 de agosto de 2013, 14:30h
Los fideicomisos pertenecen al represor condenado por
delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera, que cumple una semana como
prófugo, luego de fugarse del Hospital Militar.
Jorge Antonio Olivera hoy cumple una semana como prófugo,
luego de fugarse del Hospital Militar junto a otro represor detenido, Gustavo
De Marchi.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa en el
Edificio Libertador, los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Justicia y
Derechos Humanos, Julio Alak, en conjunto con el titular de la Unidad de Información
Financiera (UIF), José Sbatella, que informaron que también se suspendieron los
CUIL y CUIT de Olivera y De Marchi y que se ampliará la denuncia para
determinar responsabilidades en la fuga.
Estas medidas se suman a otras que el Poder Ejecutivo ha
dispuesto desde el jueves, cuando Olivera se fugó del Hospital Militar junto al
otro represor condenado Gustavo De Marchi, que también permanece prófugo,
tendientes a impedir que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
Olivera y De Marchi, condenados recientemente en San Juan
por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, escaparon el
jueves pasado del Hospital Militar Cosme Argerich, del barrio de Palermo,
adonde habían sido trasladados, previa autorización del Juzgado Federal 2 de la
provincia cuyana, debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico
dermatológico en un caso, y psiquiátrico en el otro.
Según relató el ministro Rossi al inicio de la conferencia,
se tomó conocimiento de la existencia del fideicomiso financiero SJ2 durante una investigación interna iniciada en
el Ministerio de Defensa a partir de que Olivera representó como abogado a
varios militares por demandas salariales.
Olivera tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge
Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos.
Rossi explicó que en el marco de la revisión de uno de esos
juicios fue que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera y Appiani tenían
armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los
honorarios percibidos en esos juicios y que Olivera podría estar financiando
sus gastos como prófugo de esos fondos.
"Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el
fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de
honorarios ya regulados o pacto de cuota litis", precisó Rossi en
referencia a los datos descubiertos durante la investigación interna.
Pero este fideicomiso fue cambiando de nombres durante los
últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los
registros de la cartera de Defensa.
Dado que estos fondos serían los que podrían estar
financiando al prófugo Olivera, la
Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelar
estos fondos basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de
"financiamiento para terrorismo", que en este caso sería Terrorismo
de Estado, explicó el titular de la
UIF, José Sbatella.
Ayer, la UIF
ya había dispuesto el "congelamiento administrativo" de los bienes de
ambos prófugos.
El objetivo es, según señaló Sbatella, "paralizar todos
los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias,
tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos".
Incluso, a pedido del Poder Ejecutivo la Afip suspendió los cuil y
cuit de ambos prófugos.
Por su parte, Alak adelantó que hoy mismo se ampliará la
denuncia ante la Justicia
para que se investigue el contexto de la fuga.
"Se hará hoy una nueva presentación ampliatoria ante la Justicia, para determinar
las responsabilidades que tuvieron en la fuga el juzgado que autorizó el
traslado de los detenidos para su asistencia médica, el Servicio Penitenciario
que realizó el traslado y las personas que se desempeñan en el Hospital Militar
Cosme Argerich, que es de donde se fugaron los detenidos", precisó el
ministro