La Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela votó afirmativamente una propuesta
gubernamental para estudiar la salida de Venezuela de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de
la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la
Comisión produjo sobre la situación de los
Derechos Humanos en Venezuela a
fines del año 2010.
El Informe, que dictamina
que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos
Humanos, pudo realizarse a pesar que,
desde el año 2003, el Gobierno de Chávez
viene impidiendo la visita de la
Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha
distinguido el trabajo de la Comisión en
los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y
circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.
En los últimos años pude visitar Venezuela en varias
oportunidades. En ocasiones integrando
la misión de análisis de la situación
política del país de la Internacional Socialista y,
también, como observador a las
elecciones legislativas y a las
elecciones abiertas de la coalición
opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de
Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la
elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización
del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo
económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del
"boom" petrolero.
Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle
competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias
de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de
esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el
Protocolo
de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros se comprometen a la promoción y protección
de ellos. En efecto, en los fundamentos
de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la
parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del
Tratado de Asunción.
Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez
no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce
en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos
Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera
afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .
Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de
bien tenemos una deuda histórica con la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA que, cuando la
dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó
un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.