La Junta fija una inspección "más estricta" previa a la fiscalización de ayudas

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la Orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que se regulan mecanismos adicionales de inspección de las transferencias de financiación a los entes del sector público andaluz supondrá "un control más estricto previo a la fiscalización de ayudas".

Sánchez Maldonado ha subrayado que la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, "como dijo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su discurso de investidura, persigue mejorar todos los mecanismos de control".

"No es que antes no existieran, pero en vez de hacerlo ex post facto, el objetivo es hacer previamente la fiscalización de las ayudas, es algo nuevo", ha manifestado el consejero, quien ha visitado este lunes el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Andalucía Emprende en Antequera (Málaga), donde ha mantenido un encuentro con emprendedores.

El titular andaluz de Economía ha apuntado que "el derecho administrativo español es bastante garantista, pero el control es siempre a posteriori y nosotros hemos querido a priori establecer un mecanismo que refuerce lo que ya se venía haciendo".

En la Orden se regulan mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a los entes del sector público andaluz --agencias empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios-- y se incrementan las facultades de la Intervención, tanto en la fase de fiscalización previa del acto de la transferencia como en la verificación posterior de su uso.

La Junta ha informado de que la norma establece, por primera vez, un cauce de coordinación entre las actuaciones que se realizan en estas dos fases --fiscalización previa y control posterior de la actuación de la entidad perceptora--. Además, ha indicado que la Intervención podrá paralizar el expediente de gasto de transferencia de financiación a un ente, en caso de que éste haya sido objeto de un informe de actuación.

Como novedad, se habilita a la Intervención General para acordar que determinados procedimientos de subvenciones que tengan reglamentariamente atribuidas las agencias públicas empresariales se sometan a un informe previo suspensivo.