martes 05 de noviembre de 2013, 13:20h
Qué
futuro nos espera en este país si no somos capaces de consensuar prácticamente
nada. La concertación social y el consenso político son pilares básicos de la
democracia contemporánea. Durante los años de la transición pudimos, entre
todos, dotarnos de una constitución gracias al consenso entre todas las fuerzas
políticas. Todos cedieron para que al fin todos saliéramos ganando. Aquel
espíritu de la transición ha ido languideciendo y cada vez los intereses
partidistas se han ido imponiendo al interés general. Parece que estamos
condenados al turno partidista carpetovetónico. Mientras gobierna uno de los
partidos del turno el otro se dedica a procurar que todo vaya lo
suficientemente mal como para hacer variar el fiel de la balanza electoral. La
estrategia de "cuanto peor mejor" se ha impuesto de tal manera que cada vez es
más difícil presenciar un debate en el que se alcance no ya un voto unánime
sino una mayoría cualificada.
Aspectos importantes de nuestra vida
cotidiana como la educación o las pensiones, no merecen el esfuerzo de los
partidos mayoritarios por entenderse y cuando lo hacen, como en el caso del
pacto de Toledo, tardan poco en desandar lo andado y en utilizar las pensiones
para tirárselas a la cara. El alma de los partidos del turno hace tiempo que se
petrificó. No les importa utilizar a los dependientes para descalificarse
mutuamente mientras miles de afectados padecen los recortes más crueles para la
dignidad de las personas. No les importa el futuro de nuestros hijos condenados
a modelos educativos fracasados y sin consenso.
El PSOE nos impuso la LOGSE con su
mayoría absoluta y ahora el PP, salvo que sufra un ataque de cordura, nos va a
imponer la LOMCE sin contar con todos los que tienen algo que decir en el
sistema educativo. El fracaso escolar nos obliga a hacer cambios, pero no a
imponer ideologías miopes. La democracia no consiste en la imposición de la
mayoría sino en el respeto a las minorías. Está en juego el futuro de nuestros
jóvenes y por lo tanto de nuestra sociedad y la solución no puede consistir en
utilizar la enseñanza como arma electoral. Si los dos partidos del turno
tuviesen grandeza de miras, convocarían a todas las fuerzas políticas y a todos
los agentes sociales implicados y no dejarían de negociar y debatir hasta
alcanzar un gran pacto: una ley de educación útil para cualquier gobierno al
margen de su color político.
Desgraciadamente, para nuestro mal,
los dos partidos del turno actual, PP y PSOE, sólo han sido capaces de votar de
forma conjunta, salvo en cuestiones técnicas y protocolarias, la modificación del
artículo 135 de la constitución que obliga a todas las administraciones públicas
a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Han sido capaces de pactar, en un tiempo
record, para que el pago de los créditos y de los intereses de la deuda tenga "prioridad
absoluta" para que los bancos cobren antes que cualquier otro acreedor. Para lo
demás, uno impone sus leyes y el otro anuncia que cuando recupere su turno
derogará las leyes impuestas para imponer las suyas. El resultado de todo será
un bucle maldito en el que, a la larga, todos saldremos perdiendo porque lo
mejor para todos nunca puede ser lo peor para nadie.