El juez Santiago Torres, que dirige la investigación contra la supuesta red de cobro de comisiones ilegales, ordenó este miércoles el ingreso en prisión, a instancias del fiscal, de los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, que se encontraban huidos de la Justicia desde el pasado 27 de diciembre, fecha en la que se activó la segunda fase de la operación 'Guateque', según informaron fuentes próximas a la investigación.
López y Agustinos, propietarios de Agustinos y Proyectos S.L., se presentaron este miércoles por la mañana en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Tras ello, los arrestados fueron trasladados hasta los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla para declarar ante el instructor.
Los encarcelados se encontraban en paradero desconocido desde el 27 de diciembre, aunque Torres había ordenado su busca y captura el día 15 de ese mes después de no comparecer en las dependencias judiciales, una de las medidas que fueron acordadas para su puesta en libertad.
El magistrado les interrogó como imputados a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto Medioambiental, a fin de que agilizara las licencias de sus locales.
Pese a sus confesiones, Torres les dejó en libertad, pero con la obligación de presentarse en el Juzgado cada quince días. El pasado 15 de diciembre, los imputados no comparecieron en el Juzgado, por lo que el magistrado ordenó su detención, enmarcada ya en el desarrollo de la segunda fase del operativo.
Últimos encarcelados
Los últimos encarcelados son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de ocho personas cumplen prisión preventiva, entre ellos Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
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