El juicio del 'caso Funeraria' ha quedado visto para sentencia

La Sección Cuarta ha recogido durante seis meses los testimonios de los nueve procesados que supuestamente intervinieron en la trama. El caso se remonta al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por 0,60 euros. La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los encausados, entre los que figuran, además, José Ignacio Rodrigo, asesor jurídico del Consistorio y presidente de Funespaña -cesado en el mes de julio-; y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, directivos de la empresa.

Mariano Benítez de Lugo, abogado de la acusación que representa al PSOE, manifestó que ha quedado acreditado que la Empresa Mixta "provocó el hundimiento de la compañía para venderla a precio de saldo" y que "lo único cierto es que se pagaron cien pesetas y una ampliación de capital de 200 millones". Por su parte, el letrado que ejerce la acusación en nombre de IU, Manuel Benítez de Lugo, aseguró que "lo importante es que se sepa la verdad y que se restituya el dinero" obtenido de los beneficios de Funespaña por la explotación de la Empresa Mixta. "Esta empresa tiene bienes suficientes para ello", añadió.

Huete, entonces primer teniente de la Alcaldía de José María Álvarez del Manzano, explicó, tras finalizar la vista, su "confianza en la Justicia" y su "honorabilidad". En su declaración admitió que la venta se realizó por "un precio simbólico" a cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizara una ampliación de capital". Pese a que el Ministerio Público sostiene que los concejales desoyeron las recomendaciones de los técnicos municipales, la mano derecha de Álvarez del Manzano insistió en su alegato final que "siempre" tuvo en cuenta los informes del secretario general del Ayuntamiento en aquella época, José Mario Corella, y del interventor municipal, Vicente Arnau.

Consentimiento del alcalde
Siguiendo esta misma línea, Viñals subrayó que "siempre actuó" de acuerdo con el equipo de Gobierno" y con "el consentimiento del alcalde siguiendo al pie de la letra sus recomendaciones". "Jamás he tenido constancia de incurrir en un delito y jamás he buscado beneficio económico ilícito", espetó a la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña, encargada de enjuiciar este procedimiento.

El entonces concejal de Sanidad y Consumo defendió la validez de la privatización de parte de la funeraria municipal, puesto que supuso "sacar a la Empresa Mixta de un grave problema" a consecuencia de la crisis económica que arrastraba. Según Viñals, la venta trajo "beneficios indudables para las arcas municipales". Moreno relató el "calvario" vivido durante nueve años tras la dura "campaña de prensa" lanzada contra él, que le "trituró profesional y políticamente". "Sólo creo en mi inocencia y hoy haría lo mismo que hice en su día", aseveró el ex concejal de Patrimonio, que reafirmó que "la venta de las acciones fue totalmente legal".

Otro de los procesados que hizo valer su alegato final fue José Ignacio Rodrigo, que afronta una solicitud fiscal de 17 años y medio de prisión. Se le acusa de maquinaciones, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. Rodrigo detalló minuciosamente su intervención en los hechos desde 1992, momento en que entró en el Consistorio madrileño como asesor jurídico. En este punto, el ex presidente de Funespaña sostuvo que antes de la venta "no conocía a nadie del Ayuntamiento ni de la empresa mixta".

Participación lucrativa
La Fiscalía mantiene que el ex presidente de Funespaña, que fue cesado a finales de julio, se valió de sus conocimientos de la operación para hacerse con un importante paquete de acciones. De este modo, se puso en contacto con los hermanos Valdivia, Juan Antonio y Ángel, para asegurarse 'una importante participación lucrativa en el resultado de la privatización'.

Entonces pactaron que los Valdivia pondrían el dinero necesario para sacar adelante la funeraria a través de la ampliación de capital, mientras que Rodrigo lograba 'una importante participación en el capital social'.

En su acusación definitiva, el fiscal José Grinda reclamó declarar nulos los acuerdos por los que se acordó la adjudicación del 49 por ciento y que los responsables de Funespaña devuelvan a las arcas municipales los beneficios obtenidos desde 1992 por la explotación de la funeraria municipal. De este modo, demandó al tribunal que Ignacio Rodrigo y los hermanos Valdivia reintegren como parte de la responsabilidad civil que se les solicita la totalidad de las ganancias directamente provenientes de los delitos de prevaricación y de malversación de los que se les acusa.

Por la lentitud del procedimiento, el Ministerio Público pidió también que se aplique a los nueve procesados la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, que se remonta a hace ya 15 años. Asimismo, el fiscal solicitó respecto a Rodrigo y los Valdivia que se les aplique la atenuante de reparación del año por haber hecho efectivo el pago de la deuda contraída por la Empresa Mixta con el Consistorio madrileño. En cuanto a indemnizaciones, el fiscal demandó que Rodrigo y los Valdivia indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 4.504.169 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de Funespaña.