El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, dijo que con esta decisión la Argentina está "dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.
El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.
"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario",
Fernández anunció la firma del DNU con la intervención de la empresa y a la vez anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de Ley de Expropiación de Vicentin para "declararla de utilidad pública".
“Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, afirmó el mandatario al describir "un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión".
Fernández señaló que la decisión busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF" y resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa el nuevo Ceo de la petrolera nacional, Sergio Affronti, quien se encontraba presente al momento del anuncio.
El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.
Vicentin, una empresa en concurso de acreedores con una deuda de 1.350 millones de dólares
A principios de diciembre del año pasado, la empresa inició el derrotero que la llevó al pedido de quiebra y concurso de acreedores en febrero, con una deuda de 1.350 millones de dólares.
El 4 de diciembre 2019, la sociedad Vicentin SAIC anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de “estrés financiero”, que no le permitiría enfrentar sus obligaciones, incurriendo técnicamente en cesación de pagos a partir de ese momento.
El 16 de enero de 2020 se dio a conocer el “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin”, elaborado por el director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, en el que se analizó la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión del banco, al momento de entrar en cesación de pagos.
El 10 de febrero, la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre de 2019. En esa presentación se constató que la cantidad de acreedores denunciados son 2.638.
Previo a ello, el 6 de febrero la firma “Gagliardo Agrícola Ganadera SA”, que pertenece al grupo de la Constructora Obring, ingresó en los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra de Vicentin.
En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones están contraídos con los bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola.
De la deuda financiera con el sector bancario argentino, el 88 por ciento corresponde a la banca pública, encabezada por el Banco de la Nación Argentina por un monto superior a los 18.182 millones de pesos, seguido por el Banco Provincia, con más de 1.800 millones de pesos, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con 313 millones de pesos, el Banco Ciudad (318.704.741,10 pesos), entre otros.
Vicentin es la mayor empresa de molienda de granos de Argentina en términos de capacidad instalada y también la mayor productora de biodiesel del país.
La empresa es una sociedad anónima constituida en 1957, con oficinas centrales en la localidad santafecina de Avellaneda y plantas de cereales y oleaginosas en esa ciudad, en San Lorenzo y en Ricardone, también en Santa Fe.
Además tiene una división de producción de biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, la subsidiaria Vicentin Family Wines en Mendoza, realiza acopio y exportación de miel (Promiel), producción ganadera y posee sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción..
Para Juntos por el Cambio, estatización de la cerealera es "ilegal, inconstitucional y costará millones"
"Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución", sostuvo la alianza opositora.
La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) advirtió este lunes que la intervención y eventual expropiación del Grupo Vicentin anunciada por el presidente Alberto Fernández es "ilegal, inconstitucional y va a terminar costando miles de millones de dólares".
En un comunicado firmado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, JxC señaló que la medida "desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que terminaron costando muy caras a los argentinos, como las expropiaciones de YPF y Ciccone, y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista".
"Es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia", añade el texto, firmado por Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, presidentes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.
Juntos por el Cambio calificó a la medida de "peligrosa, ilegal e inconstitucional". además de alertar que "va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos".
Aañadió que, además, "pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa".
También señaló que "con la excusa de la 'soberanía alimentaria', un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país".
El documento lleva también las firmas de Luis Naidenoff, Mario Negri, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo, jefes de los bloques opositores de ambas cámaras del Congreso.
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