La administración concursal de Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo Segura han mostrado hoy su "profunda preocupación" por la concesión a la mercantil Minas de Alquife S.L. de los derechos mineros para explotar las Minas del Marquesado, y ha advertido de que, de ser cierto, emprenderán acciones legales.
Y ello, informan en un comunicado, porque no sólo la autorización ambiental unificada para la explotación está recurrida (recurso q ue ha de resolver la propia Junta y que, según dicen, lleva meses paralizado), sino que las concesiones pertenecen a Manuel Sánchez Ferre y su mujer, Carmen Redondo Segura.
Según el comunicado, ambos lo adquirieron de los tres británicos a los que habían sido adjudicados en el año 2000 por el Juzgado de lo Social 1 de Granada en proceso ejecutivo seguido contra el anterior titular, la Compañía Andaluza de Minas.
El auto de junio de 2001 que, "erróneamente", adjudicaba a los antiguos trabajadores de Compañía Andaluza de Minas las concesiones ya adjudicadas a los tres ciudadanos ingleses, "es nulo de pleno derecho", según la administración concursal, que ha solicitado su nulidad al Juzgado de lo Social que lo dictó.
La administración concursal dice que "llama la atención" que se haga referencia a la mercantil Minas de Alquife, S.L. como "empresa explotadora", cuando dicha mercantil, sostiene, no ha llevado a cabo ninguna explotación, "y quizás con ello se quiera ocultar que no se ha valorado de forma rigurosa el cumplimiento por dicha sociedad de los requisitos legalmente exigidos, pues carece de la solvencia técnica y financiera precisas".
Los activos de los que dispone dicha sociedad, según sus cuentas anuales, "son, sustancialmente, los derechos mineros (que aún no se le han transmitido), es decir, intangibles valorados libremente, por lo que carecen "de cualquier recurso financiero".
Por ello, e independientemente de que los derechos mineros no pertenecían a los trabajadores que los aportaron y/o vendieron a dicha sociedad, sostiene la administración concursal, "Minas de Alquife carece de la solvencia financiera precisa para afrontar la inversión de más de 250 millones de euros que costaría poner en funcionamiento la explotación minera".
"Como evidencia el hecho de que en diciembre de 2014 la familia (alemana) Simon", que controla el consorcio al que pertenece la mercantil Minas de Alquife, "no pudo abonar, por falta de liquidez, los 3'5 millones de euros que adeudaban al matrimonio Sánchez- Redondo por unos terrenos que, en la zona de la explotación minera, había vendido el matrimonio a dicha sociedad, que los adquiría a través de sociedades luxemburguesas".
Este incumplimiento de la obligación de pago ha provocado que las ventas hayan sido resueltas, y existe un proceso judicial abierto al respecto ante los Juzgados de Palma de Mallorca, agrega la nota, en la que advierten además de que las concesiones en su día otorgadas a Compañía Andaluza de Minas podrían estar caducadas, pues en 2008 había transcurrido el plazo por el que se otorgaron, sostiene.
"Y sólo se justifica su vigencia por un informe realizado por los servicios de la Junta que, en base a datos inexactos e incompletos, se contemplaba la posibilidad de entender que habrían estado en suspenso hasta 2004 (fecha en que, según dicho informe, habría ganado firmeza el auto de 2001 que adjudicó los derechos a los antiguos trabajadores), y caducaría el 25 de septiembre de 2015".
Mantiene la administración concursal que todas esas circunstancias las conoce la Junta, pero "han primado las prisas", que "se han acentuado desde que, en febrero de 2014, se incorporó como consejero a Minas de Alquife, S.L. un histórico alto cargo socialista, Juan Ramón García Secades", señalan en la nota.
"Y para ello, la Junta de Andalucía ha seguido una hoja de ruta, retorciendo los procedimientos administrativos para acomodarlos a su objetivo, en vez de tramitarlos con la imparcialidad, rigor y seriedad que la ley exige", según la administración concursal, que se ha preguntado si, por los paralelismos, "no estaremos ante un nuevo caso como el de Aznalcóllar, bajo investigación judicial".
Anuncian además que actuarán contra la resolución "en todos los frentes", y que, una vez le sea notificada la resolución, ejercitará todas las acciones legales precisas en defensa de los intereses del matrimonio Sánchez-Redondo y del concurso.
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