La Junta pondrá en el mercado "al precio más asequible" 1.671 bienes valorados en 254,2 millones de euros

La Junta de Castilla y León pondrá en el mercado "al precio más asequible" un total de 1.671 bienes propiedad de la Administración autonómica entre suelo industrial y urbano, fincas rústicas, parcelas de reemplazo de vías pecuarias, viviendas, locales, garajes y otros inmuebles que están valorados en un total de 254,2 millones de euros.   

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, estos bienes están incluidos en el Plan de Enajenación de Inmuebles 2015-2018 aprobado este jueves por la Junta y al que ha definido como un "ambicioso" programa de actuación de carácter abierto que busca, entre otros objetivos, generar ingresos directos e indirectos para las arcas autonómicas por la venta o alquiler de edificios y terrenos y reducir al mínimo los bienes que carecen de destino público.   

Con la venta de estos bienes, de los que la mayor parte (1.110) son parcelas de suelo industrial, se pretende también favorecer el establecimiento de empresas en Castilla y León, "lo que contribuirá a la creación de empleo o su mantenimiento y por tanto a fijar y atraer población".   

De Santiago-Juárez ha informado a este respecto de que hay empresas que ya se han interesado por este suelo industrial que saldrá a la venta a un "precio razonable" en un momento de recuperación de la economía nacional y regional. Del mismo modo, ha rechazado que esta nueva oferta de suelo industrial suponga una competencia con el suelo industrial disponible en los polígonos.   

El portavoz ha indicado que el objetivo de la Junta es colocar estos inmuebles "al precio que se puedan vender" para lo que se trabajará en función del mercado si bien ha preferido no precisar hasta qué punto se rebajarán las ofertas para evitar pegarse "un tiro en el pie" ya que "uno sale al mercado a vender", ha insistido.   

El catálogo inicial de bienes es fruto de un "laborioso trabajo de análisis" del inventario de la Junta y contempla 1.110 parcelas de suelo industrial, 258 fincas de reemplazo -es decir, desafectadas de las vías pecuarias tras procesos de concentración parcelaria-, 176 viviendas y casillas de camineros, 48 garajes, 33 solares urbanos consolidados, 27 edificios en desuso, 15 locales, tres terrenos pendientes de gestión urbanística y uno de carácter rústico.   

El importe global de los bienes asciende a 254,2 millones de euros, de acuerdo con las tasaciones que figuran en el inventario de la Junta, de los que 209,4 millones -el 82,4 por ciento del total- corresponden a superficie industrial.   

A continuación se sitúan los solares urbanos consolidados, con 22 millones de euros, y a más distancia las construcciones sin uso, que aportan 8,9; las viviendas y casillas, que suponen 6,2 millones; los locales, con un coste calculado en otros 3,9; los suelos pendientes de desarrollo, que añaden 3,1 millones de euros; las parcelas de reemplazo, que en conjunto superan los 341.400 euros; los garajes, con casi 309.700, y algo más de 1.800 euros de otras fincas rústicas.   

Según ha precisado el portavoz, la distribución por provincias revela que de los 1.671 inmuebles, 127 se encuentran en Ávila y están valorados en 22,1 millones de euros; 489 en Burgos, y en 92,2 millones; 300 en León, que importan 58,3 millones de euros; 230 en Palencia, que suman otros 24 millones; 37 en Salamanca, cuantificados en 1,4 millones; 89 en Segovia, por 2,2 millones; 56 en Soria, tasados en 2,3 millones de euros; 207 en Valladolid, con un coste de 28,9 millones, y 136 en Zamora por 22,8 millones de euros.   
 Entre los inmuebles susceptibles de ser enajenados no figuran viviendas de protección oficial, edificios administrativos ocupados ni Bienes de Interés Cultural (BIC). "De hecho, para poner en valor los BIC que se encuentran en desuso existen otras fórmulas de explotación patrimonial que la Consejería de Hacienda ha ensayado ya con éxito en la antigua Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma, en Soria, transformada en un moderno balneario de agua termal que ha reactivado la actividad económica en la zona", ha precisado la Consejería de Hacienda.   

El portavoz ha insistido en todo momento en que este Plan de Enajenación de Inmuebles no es un instrumento cerrado "sino flexible y dinámico" lo que implica la posibilidad tanto de incorporar bienes a la lista original, como de excluirlos si se opta porque permanezcan en manos de la Comunidad o resulta imposible realizar alguna de las operaciones previstas.   

En este sentido, se contemplan distintos tipos de procedimiento, fundamentalmente enajenaciones onerosas, permutas, cesiones gratuitas y arrendamientos.

Violencia de género

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este jueves el decreto que regula la nueva organización y funcionamiento del registro unificado de víctimas de violencia de género que, entre otras cosas, evitará la 'doble victimización' ya que las afectadas no tendrán que contar su historia ante distintos profesionales.   

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, este registro, que se configura como el principal instrumento de información de víctimas en la Comunidad, se abrirá a todos los profesionales que intervienen en el proceso -Servicios Sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces y fiscales- e integrará la historia social así como la información procedente de la Administración del Estado y del resto de administraciones.   

El portavoz ha insistido en que este avance, enmarcado en el 'Objetivo Violencia Cero' impulsado por la Junta de Castilla y León, permitirá también aumentar la protección y seguridad de la víctima y la eficacia de los recursos al eliminar duplicidades y mejorar la atención a las usuarias, "que tendrán un único punto de referencia en la atención y acceso a los recursos existentes en la Comunidad".   

De esta forma, los profesionales de los Servicios Sociales de ámbito autonómico, provincial y local, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, los jueces y los fiscales de Castilla y León compartirán en una única base de datos "información relevante y actualizada sobre la víctima, que les permitirá tener una visión integral del caso y adoptar las mejores decisiones para garantizar la atención integral y la protección".   

El registro se nutrirá, entre otros datos, de la historia social, de las órdenes judiciales de protección, de información procedente de los servicios penitenciarios, de la derivada del seguimiento de casos del Ministerio del Interior (Viogen) y del servicio telefónico de atención y protección a las víctimas.   

Para ello, los datos de las más de 2.000 víctimas que ya figuran en el registro unificado se sumarán las que tiene contabilizadas el registro de la policía y la información de los juzgados y de la Fiscalía.   

Las informaciones que aglutinará este registro son: los datos identificativos de la mujer, de los menores y personas que de ella dependan, datos personales, información sobre renta, ingresos y patrimonio, información sobre actuaciones judiciales, información sobre las formas y ámbitos en los que se ha ejercido la violencia, así como la historia social e información de los recursos del sistema de responsabilidad pública que haya o esté utilizando la víctima.   

Además, se anotará en el registro la información de la que tengan conocimiento otros organismos o entidades que desarrollen su actividad con víctimas. El acceso al registro para hacer anotaciones y consultas deberá estar autorizado por la Administración autonómica. Todos los datos recogidos en el registro tendrán el máximo nivel de seguridad.   

El portavoz ha recordado además que la aprobación de este Decreto responde al compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en enero durante la presentación del "novedoso" modelo de trabajo en red para la atención integral a las víctimas de violencia de género.   

Representa el paso necesario para la aprobación en breve, por acuerdo de la Junta de Castilla y León, de las futuras directrices de funcionamiento del modelo de Violencia de Cero. Además, las corporaciones locales procederán a contratar a 100 nuevos profesionales de atención directa para los Centros de Acción Social de la Comunidad, que anunció el presidente de la Junta.   

Este registro nació como un fichero en mayo de 2013. Desde su creación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha trabajado para modelar y construir un "sistema coordinado de información único en España" al que se sumarán los principales agentes que trabajan antes, durante y después de la denuncia.   

Para ello, suscribió el 2 de julio de 2014 un acuerdo con el Ministerio del Interior, convirtiendo a Castilla y León en la primera comunidad en poder compartir información sobre las víctimas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El 9 de octubre, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmó otro convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para reforzar la colaboración entre administraciones.   

El 15 de octubre tuvo lugar la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, que abriría la posibilidad de materializar el 11 de noviembre un convenio con la Fiscalía de Castilla y León y otro el 18 de noviembre con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.   

Ambos convenios posibilitaban que trabajadores sociales, jueces y fiscales intercambien información completa y actualizada que les permita profundizar en la protección a las víctimas. Además, desde el pasado 10 de noviembre se han suscrito convenios con 19 entidades locales que tienen policía local.