El Grupo Popular ve lesivo "a priori" plantear un pleito al Gobierno sobre los pagos pendientes del Plan del Carbón

El procurador del Grupo Popular Juan Jesús Blanco Muñiz ha considerado que plantear un pleito al Gobierno de la nación sobre los pagos pendientes de los proyectos de inversión del Plan del Carbón 2006-2012 sería lesivo "a priori" para los intereses de la Comunidad Autónoma por tiempo de aplicación, entre otras cuestiones, por lo que ha rechazado seguir el ejemplo del Principado de Asturias que ha exigido ese pago a través de los tribunales de justicia, como había reclamado el Grupo Socialista.   

En concreto, el principal grupo en la oposición ha llegado a variar el contenido inicial de una PNL para instar al Gobierno a exigir al Gobierno de España el inmediato pago de las obligaciones al amparo del Plan del Carbón para activar la vía judicial si no se obtuviera un compromiso formal antes del Debate del Estado de la Comunidad, que previsiblemente se celebrará última semana de junio, aspecto que no ha sido aceptado por la bancada 'popular'.   

"Allí -en referencia a las comarcas mineras-- todo es urgente y todo corre prisa porque la gente lo está pasando mal", ha argumentado Ángela Marqués, para quien no tendría sentido que no se activase la vía judicial si el día del debate sobre política general el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no está en condiciones de decir cuándo se van a pagar unas cantidades pendientes que la socialista ha cifrado en 233,8 millones de euros.    
Por su parte, Blanco Muñiz ha recordado que la Junta de Castilla y León ha dirigido recientemente una carta al Ministerio de Industria para que pague los 59 millones de euros que en un acto de "confianza legítima derivada de los acuerdos y de los convenios firmados" ha adelantado el Gobierno autonómico entre el plan de 2006-2012 y el anterior, cantidad que ascendería a 76,5 millones de euros si se finalizan algunas de las obras iniciadas.    
De hecho, el procurador 'popular' ha llegado a proponer una enmienda de sustitución a la PNL socialista, que ha sido rechazada por Marqués, para instar la Junta a dirigirse al Ministerio para que proceda al inmediato pago de las obligaciones económicas, " sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder ante los tribunales de justicia, salvo que procediese a su cumplimiento".   

Finalmente, desde el Grupo Mixto, Alejandro Valderas, de UPL, ha dado el visto bueno a las dos opciones convencido de que no son incompatibles para el cobro de 233 millones de euros que irían "muy bien" a unas comarcas deprimidas. "Son deudas de Madrid y a la Junta sólo le va a costar un cabreo con el Ministerio, como tiene tantos no creo que sea muy grave", ha ironizado.   

Valderas se ha referido al Gobierno de la nación como una "tormenta llena de pedriscos" para las comarcas mineras de León y de Palencia y ha aprovechado la ocasión para preguntar quién se va a hacer cargo del mantenimiento de "tantos centros que se van a construir" a través de unas "inversiones paliativas" e incumplidas, ante la aplicación de la conocida como "Ley Montoro".