Aprobada la Ley de Autoridad del Profesorado que vincula la "calidad" educativa con la convivencia

Las Cortes de Castilla y León, con el respaldo de PP y UPL, ha aprobado este miércoles la Ley de Autoridad del Profesorado que vincula la "calidad" del sistema con la convivencia y otorga a los docentes presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función.   

En la exposición de la normativa el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha insistido en que un sistema educativo de "calidad" es uno de los pilares de una sociedad "moderna" y con vocación de futuro, al tiempo que ha destacado que esta normativa reconoce al profesorado la condición de autoridad pública, lo que implica la protección reconocida con el ordenamiento jurídico y la potestad de tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces.  
 "En el modelo educativo de Castilla y León la convivencia escolar es requisito básico para un proceso educativo de calidad", ha destacado Mateos, quien ha insistido en que es necesario "garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de obligaciones de todos los protagonistas de la educación.   

Así, el consejero de Educación ha insistido en que esta norma se acerca a la realidad social actual y aporta "soluciones eficaces con el objetivo prioritario de elevar la calidad y mejorar los resultados del sistema educativo".   

La normativa ha salido adelante sin el apoyo del PSOE que se ha abstenido en la votación, ya que, como ha explicado el procurador socialista Fernando Pablos Romo esta cuestión ya esta regulada en la Lomce, con lo que, lo que realmente hace falta es, a su juicio, una ley de reconocimiento social del profesorado.   

Pablos Romo ha defendido las 20 enmiendas de su partido que llegaron vivas al Pleno y ha pedido a la Junta que si su objetivo es reconocer la labor del profesorado lo que debería hacer es revertir los "recortes" y rebajar la ratio profesor-alumno, al tiempo que ha abogado por contar con normas de convivencia y procedimientos de atención precisos en los centros.   

"Los planteamientos del PSOE son de sentido común", ha defendido Pablos, quien ha advertido además que la norma aprobada este miércoles establece "derechos" y no "deberes", tras lo que la ha considerado un "brindis al sol" al no tener dotación presupuestaria. "Es una ley innecesaria", ha insistido, tras lo que ha reclamado que la Consejería de Educación vuelva al presupuesto de 2011.   

Por su parte, la procuradora 'popular' Isabel Blanco ha argumentado el voto en contra del PP a las enmiendas del PSOE, al tiempo que ha recordado que con esta norma Castilla y León se asemeja a otras regiones como Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Valencia, Madrid o La Rioja que ya cuentan con la misma.   

"Esta ley mejora las condiciones laborales del profesorado", ya que, como ha reiterado los docentes tienen derecho a "dignidad y respeto", al tiempo que ha aclarado que la norma refuerza y desarrolla la Lomce.   

Por último, Blanco ha insistido ante las críticas del PSOE sobre la escuela concertada que "cualquier docente de cualquier centro debe tener los mismos derechos y la misma presunción de veracidad".   

Por su parte, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, ha respaldado la norma, mientras que el procurador de IU, José María González, llevó al Pleno 11 enmiendas que en su mayoría eran de sustitución para mostrar su "rechazo" a esta norma que, a su juicio, "militariza" al profesorado. "No siento esta Ley como mía por primera vez, vamos a hacer un flaco favor a quien está esperando medidas positivas para el sector educativo de Castilla y León", ha concluido.

La ley   

La ley se estructura en tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.   

En el primer capítulo se establece el objeto y finalidad de la Ley que es el de reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio  de sus funciones y responsabilidades con el fin de procurar un "adecuado" clima de convivencia en los centros docentes de Castilla y León y garantizar, con ello, el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.   

Como ha explicado Mateos ante el Hemiciclo, en ámbito de aplicación que incluye la Ley se extiende a los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León y a todos aquellos lugares o actuaciones donde el profesorado desempeñe actuaciones directamente relacionadas con las actividades lectivas, complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente.   

Asimismo, la norma incorpora los principios generales entre los que se incluye la consideración del profesorado como figura fundamental para que el alumnado adquiera y desarrolle al máximo sus competencias y capacidades, así como los derechos que le son reconocidos al profesorado en el desempeño de sus funciones, entre los que se incluyen la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes y el apoyo y formación precisa por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el trato y la consideración que le corresponden de acuerdo con la importancia social de la tarea que desempeña.   

En el segundo capítulo, denominado Protección jurídica del profesorado, se reconoce la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de sus funciones de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas y el hecho de que el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones.   

Además, los delitos cometidos contra el profesorado, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Esto eximirá al profesorado agredido de ser el agente principal de la denuncia facilitando el desarrollo de los posibles procesos judiciales.   

Tendrá, asimismo, la potestad de tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces contra los alumnos que contravengas las normas de convivencia. Significa también, como ha explicado Mateos, reconocer explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones realizadas dentro o fuera del recinto escolar.   

En todo caso, gozará del derecho a la representación y defensa en juicio. Asimismo, los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen y los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda.