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El Gobierno amenaza con llevar a la Comunidad a los tribunales si abona la paga

Monumental enfado por la extra de 2012 de Pilar del Olmo con Beteta, al que recuerda que las sentencias hay que cumplirlas

Monumental enfado por la extra de 2012 de Pilar del Olmo con Beteta, al que recuerda que las sentencias hay que cumplirlas

La consejera de Hacienda acusa al secretario de Estado de "precipitarse" y le advierte que la Comunidad reclamará al Estado los gastos de costas e intereses de demora

Por Montse Serrador
miércoles 11 de diciembre de 2013, 13:30h
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a los gobiernos de Extremadura y Castilla y León que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional si finalmente abonan a sus funcionarios la paga extra de Navidad que se suprimió el año pasado.
Monumental enfado el de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, por el anuncio del secretario de Estado de Administraciones Públicas de llevar a los Tribunales a Castilla y León por abonar a los empleados públicos parte de la extra de Navidad del pasado año.  

Para empezar, la consejera de Hacienda ha asegurado que "el  señor Beteta se ha precipitado porque no sé qué va a recurrir dado que no hay de momento ningún acto legislativo, administrativo ni hay ningún acuerdo".

En cualquier caso, Del Olmo recuerda al secretario de Estado que ha habido sentencias que han ido saliendo en este último mes en las que obligaban a la Junta, condenada en costas y con intereses de demora, a devolver una parte de la paga extra. Ante esta situación, la consejera de Hacienda reclama "una instrucción" de que no se tiene que cumplir la sentencia y recuerda a Beteta que "estamos en un Estado de Derecho y entiendo que las sentencias tienen que ser cumplidas".

En este sentido, advierte de que "vamos a cumplir las sentencias porque creemos que hay que cumplirlas" y para eso se está negociando con los sindicatos que representan a los empleados públicos "la manera más fácil para todos de cumplir las sentencias sin que nos cueste tanto y nos evitaríamos el pago de costas e intereses".

Castilla y León tiene, por lo tanto, muy clara su postura, como también tiene claro que "todo esto viene por un Real Decreto estatal que se dicta cuya responsabilidad es del Gobierno de España y si lo van a recurrir, que ya veremos, habrá que reclamar las costas y los intereses al causante de esta situación que es el Gobierno".

En definitiva, que la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, como el conjunto del Estado,no está dispuesta ni a dejar de cumplir la sentencia ni, sobre todo, a asumir los gastos, en forma de costas e intereses, que posteriores sentencias pueden provocar, por lo que se reclamaría al Gobierno dichos gastos.

"Me parece muy bien que el señor Beteta  recurra lo que pueda, pero nosotros vamos a reclamar al Gobierno que nos pague los gastos por un acto que es de exclusiva responsabilidad del Gobierno de España", ha sentenciado Pilar del Olmo, que ha terminado por preguntarse qué va a hacer el secretario de Estado con las entidades locales que ya han decidido pagar no solo la parte de los 44 días  sino toda la paga.

Pendientes del TC

Por su parte, Beteta ha recordado que se está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el conflicto presentado contra la decisión del Gobierno Vasco de abonar esta paga el año pasado. "Entre tanto no haya este pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real decreto y no se puede abonar", ha dicho Beteta en declaraciones a los medios.   

El secretario de Estado se refería así al real decreto 20/2012 que suprimió esta extra en su artículo 2 y cuya aplicación es obligatoria para todas las administraciones públicas del país: central, autonómicas y locales, así como el sector público dependiente de ellas.   

"Cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del Estado por incumplimiento de este real decreto", ha insistido Beteta.   

Varias comunidades tomaron medidas tras la supresión de la extra de Navidad de 2012. El Gobierno vasco decidió abonársela a sus funcionarios, alegando competencias propias para ello, y otros ejecutivos como el de Navarra optaron por adelantar la extra de verano de 2013 a enero, para que ese dinero llegar en las fiestas de Navidad.   

En este último caso, el Gobierno advirtió que el adelanto sería posible siempre que no se compensase después la paga adelantada, es decir, que en este año los funcionarios reciban tres pagas.  
 
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