El PP rechaza crear una convocatoria autonómica de becas universitarias

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE con el fin de crear una convocatoria autonómica de becas universitarias, ya que, como ha argumentado la procuradora del PP María Emilia Villanueva Suárez la Junta está "satisfecha" con los resultados de su convocatoria anual, por lo que mantendrá las mismas ayudas que en años anteriores.   

En concreto, los socialistas confiaban en que el Parlamento aprobara esta iniciativa a través de la que el PSOE pedía una convocatoria autonómica con un presupuesto no inferior a diez millones de euros y se destinaría a estudiantes con una calificación de cinco puntos  o que hayan superado el 60 por ciento de los créditos en estudios de grado de enseñanzas técnicas y el 80 por ciento en el resto.   

"Desde que hace un mes Wert y Rajoy eliminaron la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad es necesario destinar recursos adicionales", ha insistido el procurador  socialista Fernando Pablos, quien ha lamentado que el acceso a la educación superior esté ahora limitado a las situaciones económicas de las familias.   

Esta premisa ha sido respaldada por el Grupo Mixto, cuyo procurador Alejandro Valderas ha insistido en que la nueva regulación "endurece requisitos y perjudica a los estudiantes". "La Junta debe implicarse y facilitar el estudio", ha aseverado.    

Sin embargo, la procuradora 'popular' ha insistido en que la Junta está "satisfecha" con los resultados de la convocatoria que hace cada año a través de la que, a su juicio, se garantiza que todos los alumnos con requisitos académicos y sin dinero puedan acceder a la universidad. Así, ha recordado que la Junta modificó la convocatoria para que los alumnos con notas de entre 5 y 5,5 puntos pudieran acogerse a becas y se han repartido 213 ayudas lo que "demuestra su clara apuesta por facilitar el acceso".   

Para Maria Emilia Villanueva Suárez los diez millones propuestos por el PSOE se quedan cortos, ya que para este curso las ayudas de la Junta superarán 12 millones de euros, aunque, como ha destacado, se priorizarán las ayudas de grado a las de máster. "Todos los alumnos de Castilla y León, de una forma u otra, están becados", ha concluido.   

Para cerrar el debate Fernando Pablos se ha preguntado cómo puede estar "satisfecha" la Junta cuando el pasado curso 1.356 estudiantes que cumplían los requisitos se hayan quedado sin beca "por falta de presupuesto", al tiempo que ha insistido en que la Junta se pone a favor de Wert y en contra de los estudiantes del "medio rural".

Ayudas a menores 

El Grupo Parlamentario Popular también ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE cuyo fin era garantizar el 1 por ciento del presupuesto de la Comunidad a personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y que, en todo caso, incluiría un programa específico para garantizar la alimentación de los menores de familias en riesgo de exclusión, ya que, como ha argumentado la procuradora 'popular' María Soledad Romeral Martín, este servicio ya lo cubre la Junta con su red de protección.   

El procurador socialista Jorge Félix Alonso ha defendido esta PNL ante la cámara, donde ha dado a conocer la "escalofriante" evolución de las cifras de personas que sufren pobreza crónica, una situación que no es ajena a Castilla y León por lo que ha considerado "necesario" que se "tomen medidas" para hacer frente a esta situación.   

Así, el socialista ha recordado que desde algunas comunidades autónomas se ha puesto en marcha medidas urgentes para la lucha contra la exclusión social que incluyen asegurar la alimentación a los menores de las familias con especiales dificultades.   

Sin embargo, la procuradora 'popular' Soledad Romeral ha destacado que Cataluña y Andalucía son las regiones con datos más "alarmantes y preocupantes" sobre problemas de nutrición y ha defendido que Castilla y León destina más del 1 por ciento de su PGC a políticas sociales que se verán complementados con los 277,8 millones procedentes de la flexibilización del déficit.   

Tras esta argumentación, Romeral ha lamentado que el PSOE pretenda "denostar" los servicios sociales de Castilla y León a pesar de que éstos se sitúan a la cabeza en los indicadores sociales. Así, ha recordado que la Comunidad ya atiende las necesidades de los menores con problemas con un "discreto" programa en el que se aúna la labor de bancos de alimentos y cruz roja, a lo que hay que sumar la puesta en marcha  de la red de protección a familias en riesgo de exclusión acordada en el marco del Diálogo Social.   

"Todos los programas están destinados a que ninguna familia se quede sin comer, Castilla y León cuenta con dispositivos suficientes para cubrir necesidades alimenticias de todas las familias de forma rápida y eficaz", ha concluido.   
 Para cerrar el debate, el procurador socialista lamentó la falta de apoyo del PP en esta cuestión, por lo que ha reclamado que se "asuma la realidad", al tiempo que ha señalado que de la Red creada el 17 de abril "no se ha concretado nada".

Defensa de las térmicas

Por otra parte, el Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este jueves su respaldo unánime al mantenimiento de la actividad y del nivel de empleo (unas 1.000 personas) en las centrales térmicas que operan en la Comunidad (Compostilla, La Robla, Velilla del Río Carrión y Anllares), a las que han considerado como "estratégicas" e "imprescindibles" para la minería del carbón de la Región.   

En este sentido, los grupos han acordado instar a la Junta a realizar las gestiones precisas ante el Ministerio de Industria para promover, si fuera necesario, una moratoria para que Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola puedan realizar las inversiones de adaptación de sus instalaciones a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) que fuerza a las propietarias a acometer grandes reformas  o a programar su cierre para antes de 2023, una decisión que se debe tomar el 1 de enero de 2014 como máximo.   

Este es el principal contenido de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP y que ha recibido el apoyo del Grupo Mixto y de la bancada socialista, que ha matizado el texto de los 'populares' para promover la moratoria, incluir una referencia expresa al mantenimiento del nivel de empleo, como habían reclamado los representantes de los trabajadores, y destacar la importancia del carbón autóctono.   

El procurador 'popular' Juan Jesús Blanco Muñiz ha reconocido el "gran esfuerzo" que tendrán que realizar las empresas térmicas para llevar a cabo unas inversiones que las den viabilidad más allá de 2023, una decisión, ha recordado, que habrá que adoptarse en un entorno de crisis general y sectorial "lo que hace difícil que las compañías quieran invertir para adaptar las plantas a los nuevos requerimientos".   

Con la PNL aprobada este jueves se pretende trasladar a los órganos directivos de Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola el "interés general" de mantener la actividad y el nivel de empleo de las térmicas "para lo que las compañías eléctricas pondrán contar con el respaldo del Gobierno de Castilla y León".   

Del mismo modo, se insta a la Junta a realizar gestiones ante el Ministerio de Industria para contribuir a garantizar la actividad de la minería del carbón, "despejando las incertidumbres que hoy se ciernen sobre este sector". El último compromiso pasa por colaborar con las eléctricas para la "correcta" y "diligente" tramitación administrativa de lo que corresponda a la Junta para la ejecución de los proyectos que tengan que desarrollarse al respecto.   

Sin embargo, el PP ha rechazado la propuesta socialista de vincular esta PNL con el apoyo al proyecto sobre captura, transporte y almacenamiento de CO2 que se está desarrollando en la Fundación Ciudad de la Energía en la comarca de El Bierzo y que, según el PSOE, necesita apoyo de los gobiernos central y regional puesto que están en juego "importantes inversiones" que vendrían de Europa.   

La procuradora socialista Ángela Marqués ha compartido la "urgencia" y la "necesidad" de la PNL ante la "debacle sin precedentes" que supondría la pérdida de la actividad y de los puestos de trabajo. "Da auténtico pánico pensar en El Bierzo sin Compostilla", ha advertido la procuradora que ha insistido también en que de poco sirve mantener esta actividad sin vincularla a la pervivencia a la minería del carbón.   

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para reivindicar la utilidad del Parlamento regional a pesar de "desafortunadas" declaraciones de consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, que, según Marqués, ayer "despreció" la labor de los procuradores al asegurar que la defensa de la minería del carbón no es una cuestión de votaciones sino de Gobierno.   
Por parte del Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha vinculado su apoyo a esta iniciativa a la necesidad de que las térmicas consuman carbón autóctono de Castilla y León ya que, de lo contrario, haría pensar que las Cortes están jugando a "otros intereses", en referencia a la preferencia de las eléctricas de producir a un bajo precio sin pensar que lleva a la eliminación de las cuencas mineras de León y Palencia.   

Dicho esto, ha instado a la Junta a asumir como propia la PNL aprobada en las Cortes para defenderla "con uñas y dientes".   

González ha cargado también contra el Gobierno central por sus "radicales recortes" al sector de la minería y ha advertido de la amenaza que supone el Plan CORA de reestructuración de la administración que "se carga literalmente" el Instituto para la Reestructuración de la Minería.