El Juzgado clausura antenas de móviles instaladas en la plaza Ribera de Castilla en Valladolid

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid ha estimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Vecinal Rondilla contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid por el que se concedía la licencia de obras y ambiental a Vodafone para la instalación de la Estación Base de Telefonía móvil en la Plaza Ribera de Castilla.

Según han informado fuentes de la Asociación Vecinal, en esa misma sentencia se acuerda como consecuencia necesaria de la invalidez de las licencias, la clausura de lo instalado y la demolición de lo construido "y ello sin perjuicio de lo que pueda resultar de las actuaciones que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística y ambiental".

La resolución se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2012 que declara nula la modificación de los artículos 297, 298,397 del PGOU de Valladolid, y sobre la cual el Ayuntamiento alegó la inaplicación. Sin embargo, según la agrupación vecinal, el juzgado considera que dicha sentencia tiene incidencia sobre la legalidad del mismo en cuanto que se ha dictado aplicando una norma, la modificación del PGOU aprobado en el año 2006, que, posteriormente, ha sido declarada nula.

Esa sentencia, han añadido, dictamina que este tipo de instalaciones se han de someter a Evaluación de Impacto Ambiental por preverse que "pueden tener efectos significativos en el medio ambiente debido a los riesgos que para la salud humana entraña la instalación de infraestructuras para servicios de telecomunicación".

Por ello, la Asociación ha considerado que, por este motivo, "todas las licencias por las que se concedieron esta actividad deben ser revisadas y sometidas a la evaluación impacto sobre la salud de las personas que viven cerca de las antenas de telefonía" de forma urgente porque "cada vez son más los estudios científicos que nos advierten sobre los riesgos para la salud que causa el uso de las radio frecuencias".

Inspección municipal

Por su parte, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, ha asegurado que tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 se ha ordenado al servicio correspondiente la inspección de las mismas para proceder a su clausura en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.

En un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press y en declaraciones a la Cadena Ser, la edil vallisoletana ha explicado que la sentencia del Juzgado vallisoletano llega como consecuencia de otra resolución del Tribunal Supremo que anulaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad mediante se trataba de dar posibilidad de instalar antenas de telefonía móvil en edificios residenciales.

Pero Cristina Vidal ha matizado que esa anulación se fundamenta en un "defecto en el tiempo" por parte de los servicios municipales ya que, pese a la fecha de la modificación es febrero de 2006, no se aprobó en el Pleno municipal hasta mayo, después de que una Ley estableciera la obligatoriedad de someter este tipo de instalaciones al procedimiento de evaluación ambiental.

Por otro lado, ha justificado que el Ayuntamiento no siguiera este trámite porque en 2008 la Consejería de Fomento de la Junta no incluyó este tipo de modificaciones entre las que debían someterse al procedimiento de impacto ambiental.

Sin embargo, ha añadido, el Consistorio, por un lado da cumplimiento a la sentencia del Supremo, ya que "ha iniciado la tramitación correspondiente", y por otro ha dado orden de inspección para que compruebe si la Estación Base de Telefonía de la compañía Vodafone situada en Ribera de Castilla se encuentra instalada y en funcionamiento, y en ese caso, se ejecutará la orden de "cese y clausura".

Por otra parte, el Consistorio ha señalado que en la misma plaza existe otra instalación de antenas de Telefónica Móviles, con la misma fecha de licencia de obras, también recurrida en vía contencioso-administrativa, y pendiente de sentencia judicial. A este respecto, el Ayuntamiento también investigará si la estación se encuentra ya en funcionamiento, ya que el pasado 21 de diciembre se comunicaba el inicio de actividad que no fue admitida por los servicios municipales.

Asimismo, ha explicado que el pasado mes de septiembre se inició la tramitación en el Ayuntamiento con el fin de dar cumplimiento a la sentencia, por lo que se remitió un informe de consulta ambiental a la Junta de Castilla y León, y, a juicio de Vidal, "será quien tenga que decir si se ha dado cumplimiento al trámite ambiental".

De hecho, ha recalcado que "en puridad", si no existiera la sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento considera que no tendría que llevar a cabo ese trámite ambiental.