Abuelas de Plaza de Mayo pidieron duras penas para los médicos que atendían a parturientas secuestradas

"Se trataba de perfeccionar la desaparición de sus padres", calificó el abogado de Abuelas, Alan Iud, al alegar en el juicio que se sigue al traumatólogo militar Norberto Bianco, al clinico Eduardo Martín y la obstetra Luisa Yolanda Arroche de Salas García.
 
Para los multicondenados generales Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, ex jefes de la zona IV, de la que dependía la guarnición, la querella reclamó penas de 40 y 35 años de prisión, respectivamente.
 
La querella acusó a los médicos por los delitos de retención y ocultación de identidad de los ocho menores robados a sus familias biológicas, así como falsificación de documento.
 
Para Bianco y Martin, las Abuelas pidieron 30 años de prisión mientras que para la obstetra Arroche -la única sin condición militar- de 12 años, destacando que en todos los casos se trata de delitos de lesa humanidad.
 
El abogado del organismo querellante, Alan Iud, dio por probado que los partos se produjeron dentro del área de epidemiologia del Hospital Militar de la guarnición, bajo supervisión de los tres profesionales.
 
"Todos los partos desde mediados de 1977 tuvieron lugar en el hospital", aseguró el letrado en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 6.
 
El pabellón estuvo al mando de dos médicos militares, el fallecido Julio César Caseroto, y mayor Bianco, quien ya fue condenado con anterioridad junto a su mujer por la apropiación de la hija de la desaparecida Norma Tato, quien recuperó su identidad en 2007.
 
Las actas de nacimiento apócrifas para falsear la identidad del bebé robado fueron firmadas habitualmente por la obstétrica pero en algunos casos fueron firmadas por los médicos.
 
Los tres, junto a los jefes militares, presenciaron durante siete horas la primera audiencia de pedido de penas sentados en la sala Amia de los tribunales federales de Retiro, donde se realiza el proceso.
 
El juicio se inició a fines de septiembre pasado y es una segunda etapa del primer proceso por el denominado "plan sistemático de robo de bebés" pero ahora se ventila el caso particular de nueve prisioneras que dieron a luz en ese sitio, cuyos hijos fueron robados y entregados a militares o personas relacionadas.
 
En la extensa exposición que abrió este tramo final de juicio, los abogados de Abuelas detallaron el dispositivo montado en la hospital para atender a las embarazadas, que eran llevadas por la noche desde otros campos de concentración en un auto particular manejado por el mismo Bianco.
 
Las mujeres era alojadas en tres salas con rejas que estaban custodiadas por personal militar y daban a luz maniatadas, vendadas y sólo identificadas como N.N. en las fichas clínicas para no dejar registro de su paso antes de ser "trasladadas".
 
Luego, los bebés eran retirados "una vez por semana", según el alegato expuesto hoy por los letrados de las Abuelas de Plaza de Mayo y entregados a militares o personas de su confianza con partidas de nacimiento falsas.
 
La maternidad clandestina de Campo de Mayo se organizó a  partir de julio-agosto 1977 ya que con anterioridad las prisioneras daban a luz en "El Campito", uno de los cuatro centros de detención clandestino que funcionaban en la guarnición.
 
"Es imposible saber cuántas mujeres dieron a luz en el lugar", sintetizaron los abogados tras leer testimonios vertidos en la causa por médicos y enfermeras que, junto a monjas, atendieron a las mujeres que alumbraron en cautiverio.
 
El abogado Iud remarcó que más allá de la falta de datos "es innegable que la práctica de sustracción de niños ya estaba consolidada a mediados del 77", cuando ocurrieron los secuestros de las embarazadas.
 
Los casos ventilados en este juicio son los de la citada Norma Tato, Marcela Graciela Alvarez, Liliana Isabel Acuña, Susana Strisler, Valeria Belaustegui Herrera, Silvia Quintela Dallasta, Miriam Ovando, Mónica Masri y María Duarte.
 
El juicio proseguirá el miércoles con el alegato del Ministerio Público fiscal.