Bignone sigue acumulando condenas para su colección
martes 07 de octubre de 2014, 23:55h
El fallo condenó también a otros cuatro represores a penas
de entre 9 y 17 años de prisión en el juicio por ser coautores de delitos
comprendidos en cuatro causas con un total de 33 víctimas, en su gran mayoría
trabajadores navales y ceramistas que actuaban como delegados de base o
activistas sindicales.
La sentencia tomó en cuenta los delitos de privación ilegal
de libertad, homicidio, tormentos, allanamiento ilegal y robo, en todos los
casos agravados, de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.
Además de Riveros y Bignone, fueron condenados a 17 años de
prisión a Luis Sadi Pepa, a 16 años de prisión Eugenio Guañabens Perelló y a
nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi.
El Tribunal integrado por los jueces Hector Sagretti, Marta
Milloc y Diego Barroetaveña resolvió además girar copia de las actuaciones al
juzgado de primera instancia, como pidieron querellas y fiscalía para que se
investigue la responsabilidad civil empresarial en los delitos considerados y
otros de índole sexual.
La investigación solicitada apunta ante todo a la
complicidad de empresarios y directivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y
de los establecimientos ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos por los
que fueron condenados hoy seis represores.
En el mismo fallo, los magistrados absolvieron en cambio a
otros tres imputados en este undécimo juicio de la megacausa de Campo de Mayo,
que comenzó el 8 de julio último.
Excepto en las tres absoluciones, que serán recurridas, las
penas de prisión impuestas por el Tribunal se aproximaron a las solicitadas por
la fiscalía y las querellas.
"Terminamos con sabor semiamargo porque, si bien se
condenó una vez más a Riveros, Bignone y otros cuatro represores, tres más
fueron absueltos en una decisión por la que vamos a interponer recurso de
casación", dijo Télam el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"Teníamos la expectativa de que el Tribunal evaluara
adecuadamente las pruebas de cargo" ofrecidas respecto de los absueltos
Roberto Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado, imputados en el caso de
los obreros navales Martín Mastinú, desaparecido y Mario Marras, asesinado.
El letrado señaló que estos tres imputados finalmente
absueltos, represores que integraban la Prefectura, al pronunciar hoy sus
"últimas palabras, terminaron pidiendo perdón".
"El 5 de noviembre vamos a conocer los fundamentos de
la sentencia pero ya vemos que en estas absoluciones el Tribunal dio prioridad
a la nulidad de indagatorias de 1984 por evidentes fallas en la
instrucción" y desestimó en cambio las pruebas de cargo acumuladas con
posterioridad, argumentó.
Por otra parte, Annicchiarico destacó que "este juicio
puso de manera clarísima en evidencia la complicidad civil empresaria, que no
solo instigó sino que tuvo una intervención esencial en la individualización y
delación, mediante confección de listas, de los propios trabajadores que resultarían
victimizados".
"Directivos de Astarsa, Mestrina, Lozadur y Cattaneo
fueron denunciados con nombre y apellido por las víctimas sobrevivientes y por
los familiares que peregrinaron, en la mayoría de los casos infructuosamente,
por dar con el paradero de sus seres queridos, cuyo 'delito' consistió en
reclamar mejoras salariales y laborales", añadió.
Además de numerosos testimonios vertidos en este juicio, la
nueva prueba reunida incluye documentación desclasificada del Departamento de
Estado norteamericano, libros de actas del directorio de Lozadur e informes de
la ex DIPBA (inteligencia de la Policía bonaerense).
Por otra parte, para un futuro juicio de la megacausa de
Campo de Mayo quedaron además otras causas que también tuvieron como víctimas a
trabajadores de la Zona Norte, entre ellos los secuestrados en la planta de
Ford en Pacheco, caso que comprende entre los imputados a tres ex directivos de
esa automotriz.