El fiscal acusador del juicio político a Campagnoli denunció que recibió amenazas de muerte

Según informó el diario Tiempo Argentino, a raíz de la denuncia penal, que ya tramita el fiscal federal Mario Gambacorta, solicitó que se requieran a la empresa telefónica todos los llamados entrantes del abonado y se identifiquen las celdas, en caso de que se trate de un celular, para ubicar al agresor.
 
Según consta en la denuncia penal, el llamado ocurrió entre las 19.30 y las 19.45 del martes al teléfono fijo del domicilio de Villate en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
 
La esposa del fiscal, María Eugenia Masuero, informó que una voz masculina de mediana edad le preguntó por su esposo y al
confirmarle que se encontraba "de viaje", le dijo: "¿En donde está ese hijo de puta que quiere juzgar a Campagnoli, ese renacuajo, no tiene miedo que le peguen un tiro?", indicó.
 
El requerimiento de instrucción por la denuncia quedó registrado por el fiscal federal Nº 3 Mario Gambacorta bajo el expediente Nº 69516/2014 caratulado "amenazas" por tratarse de un hecho que "podría ser de carácter intimidatorio y que del mismo surgiría la presunta comisión de un ilícito de acción pública".
 
Gambacorta pidió a Telecom que en 24 horas remita a la fiscalía el "listado de llamadas entrantes y salientes correspondientes al día 24/06/2014 desde las 19 a las 20.15, y de la titularidad de los abonados que habrían efectuado llamadas a ese cliente en aquel período -en caso de que pertenezcan a dicha empresa prestataria- como así también de las celdas que estos últimos habrían utilizado".
 
El pedido debe ser validado por el Juzgado Federal 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, único facultado para solicitar entrecruzamientos telefónicos.
 
En declaraciones al matutino, el propio Villate sostuvo que "son formas de intimidación que nos restan en calidad como República. Tratar de influir en el trabajo que está haciendo un fiscal por medio de amenazas considero que es lamentable", afirmó.
 
El episodio llega tras una escalada de mensajes amenazantes  que recibió una de los jurados, la defensora de menores María Cristina Martínez Córdoba, quien se especula podría desempatar la votación por la permanencia o la destitución del funcionario.